Desde hace varios años, diversos organismos nacionales e internacionales alertan sobre la necesidad de modificar nuestro sistema de Seguridad Social. Para eso se crearon en 1995 las mesas de negociación para la reforma de la Seguridad Social, conocidas como los Pactos de Toledo. Desde UDP venimos reclamando desde entonces que los representantes de los mayores estemos presentes en las negociaciones, junto a la administración, patronal y sindicatos, cosa que aún no hemos conseguido.

El pasado 1 de enero entró en vigor la norma por la que se incentiva la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de los 65 años. La pensión se incrementa un 2% por año o un 3% si se han cotizado 40 o más años. La medida nos parece justa, pero insuficiente. Defendemos el derecho a la jubilación a los 65 años, si bien es cierto que la edad real de jubilación hoy en España está en poco más de 62 años.

Hoy en día las condiciones físicas y mentales de la gente de 65 años han variado mucho desde que se creó el sistema de Seguridad Social, y parece lógico que se amplíe la edad de jubilación, de forma voluntaria y en los sectores de actividad que así lo permitan. Lógicamente los sectores de actividad con un importante desgaste físico deben ser tenidos en consideración, pero no vemos porqué un profesor, un médico o un científico no pueden seguir trabajando hasta los 70 años o más si sus condiciones se lo permiten y él lo desea. Es más, sería deseable que siguieran trabajando, ajustando los horarios, con las generaciones más jóvenes que les sustituirán, de modo que puedan transmitir a estos su experiencia laboral.

Sin embargo, en los últimos años se han venido desarrollando en nuestro país importantes Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, incentivados por las empresas y por la propia administración que han puesto fuera del mercado a cientos de miles de trabajadores cualificados, experimentados y en perfectas condiciones físicas y mentales para el desempeño de su trabajo. Se ha expulsado del mercado laboral a estos trabajadores, menores de 55 o incluso de 50 años, y se les penaliza hasta con el 40% de su pensión. Creemos que antes de prolongar la vida laboral se deberían penalizar gravemente a las empresas que realizan estas prejubilaciones en su mayor parte forzosas.

Por otro lado, se debe hacer un esfuerzo para implementar nuevas fórmulas que permitan a los jubilados participar en el mercado laboral sin menoscabo de seguir recibiendo su pensión. De este modo podríamos seguir contribuyendo al sistema y generando riqueza a la vez que complementar unas pensiones que están muy por debajo de la media europea.

La jubilación es uno de los momentos de crisis más importantes del ser humano, y como tal deberíamos tener más información al respecto. Desde las asociaciones intentamos ofrecer un abanico de posibilidades para que este periodo vital sea enriquecedor para la persona y productivo para la sociedad. El aprovechamiento del potencial que tiene el colectivo de jubilados, cada vez más saludable y mejor formado, es el mayor reto y la más grande oportunidad que se presenta a las sociedades avanzadas. Sacar el máximo rendimiento a ese potencial es responsabilidad de todos.