La posición de UDP
Comparecencia completa del presidente Nacional, Luis Martín Pindado, en el Parlamento
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| El presidente de UDP, Luis Martín Pindado, durante su comparecencia en el Congreso |
Señor presidente, señorías, muy buenos días a todos,
Quiero agradecerles sinceramente la invitación que me hacen a comparecer ante esta Comisión. Es la segunda oportunidad que tengo de intervenir ante ustedes y espero que las reflexiones que les exponga sean de alguna utilidad para la importante tarea que tienen encomendada.
He venido aquí en representación de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP, que este año cumple 33 años y que yo presido desde hace 7. El movimiento asociativo de UDP agrupa hoy más de 2.000 asociaciones de mayores en toda España y también tenemos representación en Alemania, Francia y Suiza. Representamos a las personas mayores en diferentes organismos nacionales, como es el Consejo Estatal de Personas Mayores, del que soy vicepresidente, la Plataforma de Ong de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, los consejos de mayores autonómicos y provinciales, etcétera. También participamos en numerosas organizaciones internacionales de las que puedo mencionar EURAG, el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas, la Red Iberoamericana de Adultos Mayores o la plataforma Age Internacional, entre otras.
Como muchos de ustedes saben, realizamos multitud de programas y actividades de todo tipo, movilizando a cientos de miles de jubilados cada año y promoviendo un envejecimiento activo y saludable dentro del mandato de prevención de la dependencia que tenemos todos los españoles, especialmente los que, si no la prevenimos, ya podemos verla asomando las orejas en nuestro futuro. Y aunque no hemos venido aquí a hablar de nosotros, tan sólo deseo que sepan que nuestras puertas están abiertas a todo el que quiera conocer mejor la labor social que desarrollamos en favor de los mayores.
Hemos seguido muy de cerca los trabajos y propuestas que han surgido de esta Comisión. Conocemos las recomendaciones que la misma ha elevado a los distintos gobiernos, y los avances conseguidos en algunas materias desde la creación del Pacto de Toledo en 1995. Hemos contribuido en el proceso elevando algunas propuestas que han sido recogidas y contempladas por esta Comisión y siempre hemos mostrado nuestra disposición a colaborar en todo aquello que nos fuera requerido.
Quiero felicitarles por su trayectoria de 15 años y les animo a continuar con su cometido, tan necesario para un avance social en España, durante muchos más años. Sin olvidar nunca que los mayores somos una parte importante en esta sociedad y que, según las previsiones, lo seremos cada vez más y que nuestra opinión también debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar nuestro presente y nuestro futuro.
"Si todos hacemos pequeños sacrificios, no tendrá que hacer sólo un colectivo un gran sacrificio"
Pero antes de profundizar en el papel que deberíamos jugar en este Pacto, vayamos al tema que me ha traído hoy aquí. He leído algunas de las opiniones que, sobre el tema de las pensiones, han hecho públicas destacados especialistas en economía financiera, expertos en Seguridad Social, en pensiones, empresarios del mundo de la atención sociosanitaria, representantes de la banca, del sector de los Seguros, líderes sindicales, organizaciones no gubernamentales, varios ministros… Con toda seguridad ustedes manejan la más completa y exhaustiva información existente sobre el sistema de pensiones español, su evolución, su situación actual, los factores que influyen en él, y las distintas opiniones sobre cómo mejorarlo en el futuro.
Desde hace unos años se vienen oyendo de parte de importantes instituciones nacionales e internacionales distintos argumentos que subrayan la necesidad de acometer reformas en el sistema de pensiones español. Sin embargo, hasta el momento presente no se ha concretado, como dicen los americanos, ninguna hoja de ruta. Se ha avanzado en algunos aspectos, pero las reformas más importantes están todavía pendientes.
Como ustedes ya habrán debatido y seguirán debatiendo sobre la oportunidad de hacer esto o aquello, yo me limitaré a exponerles mis opiniones al respecto, que ya les adelanto que no son las de un experto en nada, sino más bien las de un aprendiz en todo. Tampoco son realmente mías sino que intento reflejar el sentir de los más de un millón y medio de pensionistas que forman hoy mi organización. Y que también es producto de una reflexión y debate del grupo directivo ante la importancia del tema y que concierne a toda la sociedad española, como en UDP se suelen tratar los asuntos claves, como el que nos ocupa.
Como ya es de todos sabido, a finales de enero de este año, el Gobierno decide abrir el debate sobre la reforma de las pensiones presentando el documento con sus propuestas como aportación a los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. Si no me equivoco esta Comisión debe presentar sus conclusiones durante el primer trimestre de este año.
La Reforma de las Pensiones cobra un central protagonismo en todos los medios de comunicación y el debate llega a la sociedad.
"...el retrasar la edad de jubilación a los 67 años pues nos sitúa en un recorte de conquistas de los trabajadores en su bienestar que ha sabido ganar"
En UDP, como en tantas otras Asociaciones de Mayores, empieza a cundir el pánico porque cualquier amenaza que se piense que pueda afectar a las pensiones produce siempre gran alarma social. Y la produce porque la subsistencia de los pensionistas depende de las pensiones y, como dice la sabiduría popular, con las cosas de comer no se juega. Ahora bien, está claro que las propuestas de reformas que se están haciendo, en principio no afectan a las pensiones actuales sino que son reformas a futuro y que se hacen precisamente para poder mantener el actual sistema de protección social del que disfrutamos, afortunadamente, los españoles.
Pero también está claro que las explicaciones que se han dado, por parte especialmente de los medios, no han sido las más acertadas. Y tampoco el Gobierno ha estado muy acertado a la hora de dar informaciones y contra-informaciones.
Quiero decir que, en defensa del estado de ánimo de los mayores que yo represento hoy aquí y a los que todas estas informaciones contradictorias les supone una gran zozobra, UDP exige que en temas tan importantes los ciudadanos sean informados de una manera veraz, completa, detallada y a tiempo de los problemas que presenta su presente y su futuro, de sus posibles soluciones y del coste que estas soluciones van a representar para ellos, evitando alarmas sociales innecesarias e inoportunas.
Por otra parte, resulta evidente que La necesidad de reformar el sistema de pensiones no es el resultado de las políticas anti-crisis urgentes y a corto plazo presentadas en los últimos meses. Tampoco la causa fundamental son los parámetros negativos que nuestra economía muestra en el exterior y que han generado incertidumbre en los mercados y en las instituciones. Si finalmente se establecen medidas correctoras, éstas tendrán efectos dentro de unos cuantos años.
Por lo tanto no se trata de abrir el debate sobre las pensiones sólo porque la actual coyuntura económica nos lo exige, sino porque el fenómeno del envejecimiento de la población que afecta tanto a los países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo hace necesario implementar medidas ya, para que surtan efecto en un futuro próximo. Pero estas medidas deberán tomarse para garantizar que el Sistema que nos hemos dado los españoles de Seguridad Social seguirá funcionando en lo fundamental.
Decía el Secretario General de la Seguridad Social, Octavio Granado en este mismo escenario que “un sistema de Seguridad Social es un enorme traficante de confianza. Cobramos a personas de 16, de 18 años su cotización social con la expectativa de que cuando cumplan la edad ordinaria o legal de jubilación puedan cobrar una pensión. En ese sentido la confianza es el hilo, la savia, la sangre por la que circula el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social” concluía Granado. Por ello es esencial que no se transmitan mensajes alarmistas sobre la salud del sistema, ni sobre si los trabajadores de hoy podrán cobrar o no una pensión el día de mañana.
Las pensiones en este país están aseguradas. La Seguridad Social es la institución económica más solvente del país. La única que tiene superávit incluso en estos años de crisis. Además, hay que señalar que en 100 años de Seguridad Social nunca se han dejado de pagar las pensiones. De modo que no hagamos política con las pensiones. Para eso se creó esta Comisión, para dejar fuera del debate político el tema de las pensiones.
Los mayores tenemos mucho que decir cuando se trata de diseñar nuestro presente y nuestro futuro.
A mi juicio el sistema es bueno, aunque como todo, mejorable. Además está en las mejores manos posibles, y ya que le he mencionado, diré que tenemos la gran suerte de tener a Octavio Granado al frente de la Seguridad Social. Es un conocedor profundo del sistema y un gestor eficaz.
Si no me equivoco, en el momento actual El Fondo de Pensiones de la Seguridad Social funciona por el sistema de reparto. Las cotizaciones de los trabajadores activos sirven cada año para financiar las pensiones de los ya jubilados. Si durante un periodo crece más el número de personas activas que el de jubilados, el sistema genera superávit y puede constituir un fondo de reserva. Si aumenta más el número de jubilados que el de activos, se puede generar déficit. En la década de los 70, la esperanza de vida no llegaba a 70 años y la incorporación al trabajo se producía a alrededor de los 15 años, por lo que el número de personas activas era muy superior al de jubiladas, que además vivíamos menos. Ahora las tornas han cambiado.
Existen unas perspectivas preocupantes de inversión del equilibro demográfico o la pirámide de edades de los que están en situación de trabajar frente a los que están en situación de cobrar una pensión. Según El Instituto Nacional de Estadística hay hoy en España alrededor de 7,6 millones de personas de 65 o más años (un 16,6% de la población) pero nos da unas previsiones para el año 2050 de 16,4 millones de 65 o más años (30,8% de la población).
Ese incremento en la población dependiente de una pensión, unido a la disminución de la natalidad que sufrimos hoy en España hace que los expertos se planteen la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y no sólo eso, este envejecimiento de la población también impactará, lógicamente, a la sanidad y los servicios sociales. El coste derivado de la atención sanitaria a los mayores va a incrementarse inexorablemente. Y es ahora, cuando la Ley de la Dependencia está en su fase inicial, y ya podemos comprobar los profundos problemas que su financiación representa, cuando tenemos que plantearnos qué será cuando el número de mayores que requieran atención socio-sanitaria se incremente.
Hasta ahora, el crecimiento económico y, sobre todo, la incorporación de la mujer y la llegada de inmigrantes, han permitido que el gran aumento de jubilados quedara compensado por el aumento de trabajadores activos, por lo que el sistema seguirá en equilibrio por lo menos durante 10 años, pero empezará a generar déficit hacia 2023. No lo digo yo, lo dice el Gobernador del Banco de España.
El fondo de reserva acumulado (unos 60.000 millones de euros) permitiría cubrir el déficit y continuar garantizando las pensiones durante unos meses, pero si no se acometen cambios, el sistema entraría en una situación insostenible, ya que con la tendencia actual el número de personas jubiladas crecerá mucho más que el de las activas, y las cotizaciones no podrán cubrir las pensiones.
Coincido con otras entidades que han manifestado que es prioritario reactivar la economía para generar empleo. Es evidente. Pero en mi opinión la reactivación y crecimiento económico, por muy bien que vayan las cosas, no será por sí solo garantía suficiente de sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, ni contrarrestará los efectos del importante envejecimiento de la población.
Habría que implementar fórmulas más justas para que exista mayor equilibrio entre el esfuerzo contributivo realizado y las prestaciones
A tenor de los estudios mencionados anteriormente, aunque es conveniente y necesario, tampoco será suficiente conseguir que la edad real de jubilación, 63,7 años, se aproxime a la edad legal, 65 años. Por lo tanto será necesario tomar otras medidas que tendrán un impacto importante entre los trabajadores.
Fundamentalmente quiero posicionarme en las dos medidas presentadas por el Gobierno que más interés y controversia han despertado entre la población: Retrasar la edad de jubilación legal a los 67 años. Y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones.
En lo referente a ampliar la edad de jubilación gradualmente hasta los 67 años, UDP no considera esta medida aceptable, ya que recorta derechos conquistados por los trabajadores.
No podemos plantearnos la eliminación del actual mecanismo de jubilación obligatoria a una determinada edad y sustituirlo por otro más flexible sin antes plantearnos desincentivar de manera decidida las prejubilaciones masivas, y evitar que, directa o indirectamente, se financien con cargo a recursos públicos. El mantenimiento de esta situación, que no tiene sentido, podría hacer inútil cualquier medida dirigida a retrasar la edad de jubilación.
Insisto en que, en una hipotética y no deseada prolongación de la vida laboral, habría que analizar exhaustivamente los diversos escenarios que determinan las múltiples profesiones y actividades laborales.
Hay cuestiones que debemos afrontar sin más demora, desde la responsabilidad y la voluntad de aportar soluciones a problemas reales. Es indudable que hay que aproximar más la edad real de jubilación que creo que está en los 63,7 años, a la edad legal. Las propuestas del Gobierno son "limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios", "eliminar las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada" y que la edad legal mínima de jubilación, ahora en 60/61 años, se incremente "paulatinamente". Bien, hagámoslo. Pero creo que es fundamental igualmente poner en marcha programas de formación continua en los trabajadores que les permitan continuar desarrollando su labor dentro de las empresas de manera más productiva y más satisfactoria personalmente.
Por otra parte, es evidente que las fórmulas establecidas hasta ahora para prolongar la vida laboral más allá de los 65 años no funcionan todo lo bien que querríamos. Parece difícil con la actual coyuntura económica que podamos introducir más estímulos para que las prestaciones de quienes decidan trabajar más años se incrementen de manera sustancial cuando en años más propicios se ha incentivado a los trabajadores para que dejen las Empresas a edades muy por debajo del límite oficial establecido.
De modo que debemos buscar nuevas fórmulas que permitan compatibilizar el seguir trabajando a tiempo parcial con el cobro de la pensión. Sería una manera de que las empresas no perdieran un importante capital humano de golpe; de que la jubilación no supusiera un cambio tan traumático para los trabajadores; y de que la Seguridad Social aliviara en parte sus cargas.
Hay cuestiones que debemos afrontar sin más demora, desde la responsabilidad y la voluntad de aportar soluciones
En cuanto a la medida sobre modificar el periodo de cálculo, la Unión Democrática de Pensionistas no considera prioritario ampliar el periodo de cálculo más allá de los 15 años actuales, y les diré nuestras razones. Primero, porque esta medida significaría una importante merma en las pensiones de la mayoría de los futuros jubilados. Y segundo, porque consideramos que si en algún momento las circunstancias de pervivencia del sistema hacen imprescindible tomar medidas duras que suponen considerables concesiones y sacrificios por parte de los trabajadores, estos sacrificios también tienen que exigírsele a otros estamentos sociales y no deben recaer únicamente sobre la gran masa de trabajadores, pensionistas y futuros pensionistas de este país. Los políticos, el Gobierno y los empresarios también tienen que involucrarse.
Y creo que se debe tener en cuenta aquellos casos que generan un derecho por haber cotizado un mínimo de 15 años y que no sabemos como serían evaluados a la hora de fijar una pensión.
Esto nos lleva al tema de la contributividad (vaya palabrita). Es cierto que el mercado de trabajo está cambiando y que hay un buen número de trabajadores que se ven forzados a abandonar el mercado laboral antes de tiempo. Personas que han cotizado mucho durante años y en los últimos años han realizado trabajos peor remunerados y con menos aportaciones al sistema. Con el modelo actual estos trabajadores se ven gravemente perjudicados. Habría que implementar fórmulas más justas para que exista mayor equilibrio entre el esfuerzo contributivo realizado y las prestaciones recibidas finalmente.
Todas estas cuestiones habría que tenerlas en cuenta para caminar hacia un sistema más proporcional y más justo.
Es difícil explicar esto en un contexto en el que los jóvenes ya no se incorporan al mercado laboral a los 16 o 18 años como antes, sino que en ocasiones se ven abocados a esperar hasta los 25 o 30. Pero deben saber qué prestaciones les corresponderán en el futuro para que puedan planear su jubilación con todos los datos sobre la mesa.
Los españoles tenemos una actitud paradójica respecto de nuestra jubilación. Por un lado la mayoría cree que perderá poder adquisitivo, y por otro sólo 30 de cada 100 trabajadores está ahorrando para asegurarse económicamente el futuro una vez concluida la vida laboral, lo que nos sitúa a la cola de los principales países del mundo. Esto es porque los españoles pensamos que es el Estado, y no cada uno de nosotros, quien tiene que cuidar por nuestro retiro.
La realidad española es que comenzamos a crear un patrimonio tarde, en el entorno de los 50 años, y con una cantidad media que es de las más bajas: 196 euros al mes, frente a los 246 de Portugal o los 474 de Estados Unidos. Y también resulta curioso que los españoles no sabemos cuánto nos va a quedar de jubilación. Sólo un 21 por ciento de los trabajadores afirma saber cuáles serán sus ingresos. Por tanto, sabemos que nos quedará poco de pensión, pero no nos preocupa mucho. No nos preparamos financieramente para ese momento. Y esto también tiene que cambiar, y debería formar parte de los planes del Gobierno el promover una PEDAGOGÍA DE PREVISION, que en la actualidad es muy baja entre nuestros trabajadores.
Por último, quiero recordar a esta Cámara que este fenómeno de envejecimiento de la población que, por otra parte, es un gran avance social, no es exclusivo de nuestro país, aunque se espera que seamos el segundo país en longevidad, sólo antecedido por Japón. Hay otros países europeos que están abordando problemas similares, presentando distintas alternativas y cambiando sistemas que, como el nuestro, funcionaban desde hace muchos años. Hay que analizar lo que están haciendo y ver si puede ser aplicable en nuestro caso.
Quiero terminar volviendo a agradecer la invitación que se me ha hecho para poderme expresar en esta Comisión. Hace tiempo que esperaba esta oportunidad, aunque creía que iba a ser en mi calidad de Vicepresidente del Consejo Estatal de Mayores ya que llevamos mucho tiempo pidiendo que los mayores tengan una representación en el Pacto de Toledo acorde a su peso en la sociedad actual, por no hablar de la futura. Tenemos un compromiso oficial por parte del Presidente del Gobierno que nos honró con su presencia en el III Congreso que celebramos el año pasado en Madrid y que nos prometió que los mayores estaríamos en el Pacto de Toledo y confiamos en que esta promesa se cumplirá, por el bien de todos.
Los mayores tenemos mucho que decir cuando se trata de diseñar nuestro presente y nuestro futuro. Los mayores de hoy en día no queremos ser una rémora, queremos participar. Lo mismo que la pirámide de edades, nuestro perfil ha cambiado. Afortunadamente hoy somos un colectivo con más recursos educativos, incluso más recursos financieros y con más tiempo libre, que podemos dedicar a los asuntos públicos que nos sean más cercanos. Sabemos mejor que nadie cuales son nuestros problemas, podemos aportar numerosas sugerencias y propuestas. Somos una parte cada vez más importante de la sociedad y tenemos que estar representados en el Pacto de Toledo.
He pretendido ser breve y conciso en mi exposición, pero no quiero terminar sin plantear aquí una reflexión. A mi entender, lo que el sistema no se puede permitir de ninguna manera es el enorme despilfarro de capital humano que supone tener en el país a varios millones de personas, perfectamente capacitadas y en perfectas condiciones físicas y mentales que no encuentran un espacio donde seguir aportando conocimiento, trabajo, esfuerzo e inteligencia a una sociedad que les necesita. Ninguna sociedad puede soportar que más de 20% de sus componentes sean “clases pasivas”. Es ahí donde tenemos que trabajar duro porque en ese terreno, aún queda mucho por hacer.
Y una manera muy buena manera de hacerlo es promoviendo y fomentando el asociacionismo entre las personas mayores. Pregunten a José Luís Meller o pregúntenme a mí la agenda que tenemos esta semana, verán lo “pasivos” que somos los jubilados. Las asociaciones de mayores ofrecemos ese espacio donde las personas puedan seguir desarrollándose y participando en la construcción de una sociedad mejor. Pero esto es harina de otro costal y quizá este no sea el foro adecuado para presentar esta cuestión. No obstante reitero mi invitación a todos ustedes a que conozcan un poco mejor el trabajo que realizamos las entidades de jubilados y el papel que desempeñamos en la economía social del país.
Señorías, ha llegado el momento de tomar decisiones. Sin lugar a dudas estas decisiones afectarán de forma determinante a todos los que vivimos en España, a las generaciones futuras y al modelo de protección social que queremos para nuestro país. Somos muchos los que confiamos que de esta Comisión salga un acuerdo, unas conclusiones, que permitan poner en marcha medidas eficaces para que el sistema de protección social del que ahora disfrutamos nosotros pueda también dar cobijo a nuestros hijos y nietos.
Muchas gracias
