¡Qué se nos críe bien!
(Artículo publicado en la web social de Europa Press)

El Sistema de Atención a la Dependencia que acaba de nacer es una “criatura” esperada por todos los agentes del tercer sector desde hace muchos años. Empresarios sociosanitarios, organizaciones no gubernamentales, profesionales, geriatras, asociaciones de mayores, familiares y, por supuesto, los afectados por cualquier tipo de dependencia clamábamos por una ley protectora de este tipo, prometida por nuestros gobernantes legislatura tras legislatura.

Por primera vez en mucho tiempo la gran mayoría del arco parlamentario se ha puesto de acuerdo en sacar adelante una ley de la trascendencia que tiene ésta.
Hoy todos estamos de enhorabuena porque el sistema ha nacido, ya está aquí y ahora queremos disfrutar de él lo más rápido posible. Pero hemos de recordar que el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar debe conformarse como una base sólida del derecho universal recientemente adquirido de recibir atención profesional cuando uno la necesite. Y eso no se hace de la noche a la mañana.

La dificultad en aplicar una ley que establece un derecho universal, por lo tanto igual para todos, en materias cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos es grande. En mi opinión ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos: conseguir crear un sistema capaz de atender a todos igual en todos los territorios españoles.

Son muchos los aspectos que hay que pulir en la entrada en vigor del sistema, y complejos en su aplicación. Quiero recordar aquí que en Alemania tardaron 20 años en que el sistema rodara de manera eficaz, ¡y son alemanes! No quiero extenderme más de lo necesario, por lo que mencionaré sólo algunos de los más urgentes.

Para que el sistema funcione es imprescindible que exista coordinación sociosanitaria. Los equipos de valoración deben estar formados por profesionales de lo social y por profesionales de la salud. Es la única forma de que la valoración y el plan individual de atención resultante sean útiles.

Para ello hay que dotar al sistema de las herramientas necesarias. Proponemos un Sistema de Información único, donde se almacenen actualizados todos los datos de cada solicitante, al que puedan acceder todos los profesionales implicados y, por supuesto, los afectados. El conocimiento de la disponibilidad de la oferta y la participación de diferentes agentes en el proceso de reinformación y valoración, quedará garantizada a través de una de las funcionalidades del SI (sistema de información) que permitirá el conocimiento “on line” de la disponibilidad de recursos y servicios acreditados. La administración u órgano competente, le proporcionaría de modo proactivo la información necesaria en relación a la disponibilidad real de centros y servicios, que complementada con información relativa a las características de los mismos, facilitaría la libre elección por parte del beneficiario del sistema.

También creemos necesaria la creación de la figura del gestor del caso o del profesional de referencia. Su función será la gestión y el seguimiento de las contingencias y del día a día de las personas que entran en el sistema, aportando la seguridad y el apoyo necesarios para encontrar respuestas en cada momento y en cada situación, asumiendo una actitud proactiva. Se trata de no dejar al ciudadano sólo ante las distintas administraciones, sino de ofrecerle una persona que le llevará de la mano por los distintos pasos a realizar, a menudo complejos.

El Sistema de Información
La gran complejidad de agentes y procesos a realizar para la completa gestión de la demanda, exige de una herramienta de trabajo capaz de garantizar la participación de todos los profesionales implicados y a su vez, capaz de facilitar todas las funciones que se exigirán al Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD): Información, valoración, orientación y seguimiento.

Ello se traduce en funcionalidades tales como:
La gestión de solicitudes y demandas de valoración; la gestión de expedientes; la gestión de las agendas de los profesionales, en un intento de garantizar el control de los tiempos de respuesta a las solicitudes de valoración y lograr la máxima eficiencia; el conocimiento directo sobre la disponibilidad de recursos: la base de datos sobre recursos existentes y su disponibilidad y ocupación real; el análisis de las demandas, esencial para conocer las necesidades reales de la población y poder llevar a cabo una planificación posterior de la oferta de servicios, prestaciones y recursos necesarios para atenderlas.

Desde UDP queremos señalar la importancia de que todos los establecimientos de atención a dependientes deben pasar controles de calidad que aseguren la profesionalidad y excelencia en la prestación de los servicios. Cuando una familia elija dónde quiere que su familiar dependiente sea atendido, debe tener la absoluta garantía de que queda en buenas manos y bajo la responsabilidad de las administraciones.

Como todo en esta vida, si queremos prestaciones de calidad habrá que pagarlas. El sistema debe tener una financiación suficiente. Si hemos decidido dar el paso de poner en marcha el sistema, hagámoslo con todas las consecuencias, y la calidad está estrechamente relacionada con la financiación, tanto en las instalaciones como en los profesionales que atiendan a los usuarios del sistema.

Además, para conseguir una prestación de calidad requiere de otro aspecto fundamental: disponer de personal formado y cualificado, capaz de prestar una atención profesionalizada desde la estabilidad de una formación adecuada y unas condiciones laborales que aseguren la permanencia en el puesto de trabajo.
Hoy por hoy este aspecto añade otro reto a la implantación del sistema, puesto que el sector no dispone del suficiente número de profesionales debidamente cualificados y las retribuciones de éstos no están a la altura del trabajo que realizan.

Por último, la posición de UDP en lo referente al copago es clara. Está claro que el sistema necesita de las aportaciones e los usuarios si queremos que sea sostenible. Pero vemos que el peligro está en que un derecho universal deje de serlo para un importante sector de población que son las clases medias. Por ello es necesario establecer un copago máximo que nosotros estimamos en el 30% del coste del servicio. De ahí para abajo que cada cual pague en función de su renta.

El 80% de los usuarios del SAAD son y serán personas mayores. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de implantar el Sistema Nacional de Dependencia. Hay un amplio consenso social en este sentido. Todos los que trabajamos en defensa de los intereses de las personas mayores nos alegramos de que el Sistema ya esté en marcha. Pero debemos mimar a esa criatura recién nacida y cuidarla ahora que es más vulnerable. El camino no será fácil, pero sin duda merecerá la pena, porque ella será quien nos cuide a nosotros cuando nos haga falta.

Luis Martín Pindado Presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP. Vicepresidente del Consejo Estatal de Personas Mayores