Las campañas electorales del Partido Popular y del PSOE habrán de tener muy en cuenta los cambios sociológicos que se han producido desde las elecciones de 2004. Ningún partido tiene éxito si no sabe identificar correctamente la composición de la sociedad y no adapta sus mensajes y ofertas a la heterogeneidad de los ciudadanos.

La diferencia de las próximas elecciones de 9 de marzo con las de 2004 no residen sólo en la desaparición de los efectos que provocó el brutal atentado islamista de Atocha, sino también en los movimientos significativos que se han producido en la pirámide de edad.
Dentro de mes y medio, por ejemplo, en comparación con 2004 desaparecerá del censo electoral en torno a un millón de personas menores de 29 años y se reducirá el número de nuevos votantes -los que llegan a la mayoría de edad- en unos 240.000. Paralelamente, aumentan en cerca de 300.000 los votantes mayores de 65 años.

Estas variaciones en los tramos de edad de los grupos sociales explican que tanto socialistas como populares estén incidiendo en la mejora de las pensiones mínimas, como hizo ayer Zapatero tras repetir un anuncio muy similar al que ya hiciera en septiembre del pasado año en Rodiezmo (León). El voto de la tercera edad gana peso y se convertirá en un terreno disputado entre populares y socialistas, aunque los primeros parten con una ventaja tradicional, probablemente reforzada tras una legislatura caracterizada por un exceso de crispación política y un deterioro de las economías familiares a causa de la inflación, factor decisivo para el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El número de mayores ha vuelto a subir en el censo electoral, según los últimos datos oficiales publicados por el INE. El próximo 9 de marzo, tendrán derecho a votar siete millones y medio de personas que superan los 65 años, 200.000 más que en 2004 y medio millón más que en 2000. La cifra en realidad no ha dejado de aumentar de manera espectacular. En el año 1996, cuando el PP de José María Aznar ganó por primera vez las elecciones generales, había 1,1 millones de personas de esa edad menos que ahora.

Pero la mayor presencia de los mayores en el censo -relacionada con el progresivo envejecimiento de la población española, que ha dado un vuelco a la pirámide poblacional en las últimas décadas- se produce junto a una disminución progresiva del número de jóvenes. El 9-M están citados a las urnas 6,1 millones de menores de 29 años, casi un millón menos que en el año 2004, según los datos del censo.

La comparación entre los jóvenes y los mayores que tienen derecho a voto es aún más llamativa: hay 1,4 millones más de ciudadanos mayores de 65 años que podrán votar que menores de 29 años.
Hace doce años, en 1996, los jóvenes eran mayoría y superaban a los mayores (ocho millones de personas frente a casi seis y medio). Era normal que los partidos políticos se volcaran en ellos, sobre todo en los nuevos votantes, de los que dependía la victoria. De hecho, en la campaña de Aznar de 1996 el apoyo de los jóvenes fue una de las claves de su triunfo electoral, como coincidieron en señalar los expertos. Puede recordarse el desafecto de los universitarios hacia el presidente saliente de entonces, Felipe González. Sin embargo, los seis millones de jóvenes que están llamados a las urnas este 9-M eran unos críos cuando González dejó el poder.

Pero hoy los jubilados ganan por goleada. No es ningún secreto; los partidos y sus candidatos lo saben perfectamente y parte de su estrategia electoral está condicionada por ese dato. Alguien que aspira a gobernar la Nación no puede limitarse a presentar como propuesta estrella el «cheque-vivienda» para los jóvenes. Los mayores exigen a los candidatos medidas dirigidas a ellos. Y no sólo de pensiones.

El peso de los mayores en el censo ha obligado a los partidos a adaptar sus estrategias y también sus programas electorales. La sanidad, la asistencia social, las medidas de dependencia pasan a ocupar un lugar preferente. Los grandes partidos ya han enseñado algunas de sus cartas, pero en las próximas semanas mostrarán muchas más.