• En el caso de los jubilados mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, que superan actualmente el millón de personas, y que cuentan con una pensión de 493 euros al mes, propone un incremento de 150 euros, lo que situará la pensión mínima de jubilación por encima de 650 euros.
• Las viudas mayores de 65 años, que actualmente reciben 493 euros al mes, tendrán a partir del 2009 un incremento de 150 euros, alcanzando los 650 euros.
• Para las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo, plantea también un aumento de 150 euros, de forma que la pensión se sitúe en torno a los 750 euros al mes.
• En el marco del Pacto de Toledo plantea mejorar el porcentaje de la base reguladora correspondiente a las pensiones de viudedad desde el 52 por ciento actual hasta un 70 por ciento.
• Incentivarán la permanencia en el mercado de trabajo de todos aquellos mayores que así lo deseen.
• Potenciarán fórmulas de jubilación gradual y flexible, aplicando nuevos incentivos a toda persona con más de 65 años que decida seguir trabajando.

• Mejorar la cuantía de las pensiones más bajas, igualando la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional en la próxima legislatura.
• Aumentar al 70% de la base reguladora la pensión de viudedad para las personas mayores de 65 años.
• Situar las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
• Mejorar el sistema de cálculo para aquellas personas que se encuentran en paro en el período último de su vida laboral.
• La cotización debe corresponder a los salarios realmente percibidos.
• La pensión de jubilación se calculará en función de los 15 mejores años cotizados en la vida laboral.
• Reducir la edad legal de jubilación de forma flexible, el reconocimiento legal de la jubilación anticipada como derecho voluntario, la disminución de los coeficientes reductores, y penalizar la expulsión de trabajadores y trabajadoras de mayor edad.
• Reducir a 60 años la edad de jubilación en los sectores de trabajo penoso y peligroso, con el fin de reducir la siniestralidad laboral.
• Revisar el gasto fiscal por aportaciones a planes privados de pensiones de tal forma que el límite máximo de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se reduzca y opere en la cuota del tributo.
• Salario para personas al cuidado de mayores en casa: Previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, creación de 150.000 puestos de trabajo con salario directo a cargo del Estado para el cuidado en casa de los mayores que lo precisen.

Otras cuestiones:

• Aprobar una Ley básica de Ingreso Básico Social, con financiación concertada entre la Administración central y las Comunidades Autónomas. Se establecerá un Ingreso Básico Social estatal para las personas mayores de edad que no dispongan de rentas o patrimonio propio suficientes para garantizar su subsistencia, ni perciban alguna otra prestación sustitutiva de las Administraciones Públicas, excepto si la misma es de inferior cuantía, en cuyo caso tendrán derecho a la diferencia.
  - La cuantía de este ingreso será equivalente al 70% del SMI y se incrementará en un 50% por cada menor y por cada persona dependiente o discapacitada a cargo de la persona beneficiaria, estableciéndose un límite máximo por familia. La prestación no será acumulable a aquellas otras prestaciones asistenciales que las Comunidades Autónomas tengan establecidas con esta finalidad, pero los beneficiarios percibirán del Estado la diferencia si el Ingreso Básico Social estatal es superior.
• Aprobar la Ley de atención a las personas mayores y personas dependientes, garantizando su derecho a la atención domiciliaria, en centros diurnos especializados o a una plaza residencial o asistida, que requieran atención socio-sanitaria y no dispongan de rentas suficientes para garantizarlos, tendiendo a la universalización de estos servicios. Se planteará el objetivo de una dotación de 50 camas por 10.000 habitantes.
  
• Promover el acceso al transporte, a la cultura y el ocio, y su participación ciudadana, en particular, a través de la generalización de los Consejos de las Personas Mayores en todos los ámbitos territoriales.
• Se promoverá el asociacionismo de los mayores y sus actividades, y se facilitará su acceso gratuito a cines, teatros, conciertos, excursiones, museos, viajes y termalismo.
• Atención social:
  - Unificar los criterios de ingreso en las residencias públicas.
  - Creación de 62.000 nuevas plazas públicas residenciales para personas asistidas mayores de 65 años.
  - Reconversión de 75.000 plazas públicas residenciales de válidos para personas asistidas, mayores de 65 años.
  - Aumentar en 155.000 las personas usuarias de ayuda a domicilio.
  - Creación de 50.000 nuevas plazas de estancias diurnas, de las que el 75% deberán ser públicas de gestión directa.
  - Extensión de la teleasistencia como derecho generalizado a todas las personas mayores de 80 años, el 30% de los mayores de 75 años y el 10% de las personas mayores de 65 años.
  - 17.000 nuevas plazas de viviendas tuteladas de carácter publico.
  - Desarrollar a partir de los Centros de Día, Hogares de Tercera Edad y Residencias, sistemas de comida y lavandería a domicilio, alcanzando un nuevo de 70.000 usuarios, el 1% de las personas mayores de 65 años.

• Las pensiones de viudedad se determinen de acuerdo con el 70% de la base reguladora, en lugar del 52% actual.
• Ninguna pensión de viudedad quede por debajo de los 700 € mensuales y ninguna pensión de jubilación esté por debajo del salario mínimo.
• Modificar el sistema de complementos para mínimos de las pensiones, con objeto de garantizar que las pensiones mínimas establecidas lleguen al máximo de gente posible.
• Las pensiones no contributivas se calculen en función de los ingresos individuales de la persona y no de la unidad familiar. Tampoco debe limitarse la capacidad de la Generalitat por complementarlas.
• Mejorar el tratamiento fiscal de las pensiones de viudedad, cuando se compatibilizan con el trabajo o con la percepción de otra pensión como el SOVI.
• Queremos impulsar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de los 65 años, mediante incentivos como por ejemplo la mejora de las pensiones que deben recibirse.
• Permitir que la percepción de una pensión sea compatible con llevar a cabo trabajos complementarios a tiempo parcial.
• Frenar las prejubilaciones, como vía por garantizar que el sistema de pensiones en el futuro sea factible.
• Impulsar una ley contra la discriminación laboral por razones de edad.
• Proponemos revisar los Pactos de Toledo para aumentar las pensiones actuales y garantizar las pensiones de las generaciones que hoy tienen 30, 40 y 50 años.
• CIU promoverá políticas de natalidad que contribuyan a favorecer la sostenibilidad del sistema.
• Aplicar el índice de inflación de Catalunya por actualizar las pensiones. En una primera fase debe aplicarse a las que no son contributivas.

• Impulsar intervenciones tendentes a evitar o retrasar la aparición de dependencias y, en su caso, articular las medidas de apoyo y actuación oportunas.
• Estos programas e intervenciones están recogidos en la actual Ley de Servicios Sociales, cuyas líneas prioritarias de acción son:
  - Desarrollo de programas preventivos dentro de los promovidos para la población general, en su caso, con las particularidades propias de este grupo de población.
  Impulsar programas de apoyo a personas mayores en situación de fragilidad, a familias cuidadoras y al voluntariado, potenciando la formación, ayudas técnicas y servicios tendentes a su mantenimiento en el domicilio.
  - Establecer ayudas económicas por atención o ayuda a personas mayores dependientes mediante complementos de pensión o desgravaciones fiscales.
  - Desarrollar recursos alternativos para personas dependientes con un costo económico menor, manteniendo la calidad de vida.
  - Garantizar servicios residenciales para aquellas personas dependientes que no puedan permanecer en su domicilio.
  - Definir y coordinar competencias en el campo socio-sanitario para abordar las dependencias sin duplicar servicios existentes.
  - Establecer un riguroso control público para garantizar la calidad, ante la importante intervención de la iniciativa privada en la red de recursos sociales.