La  Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, ha presentado los resultados del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2018. Una evaluación que cada año se realiza en cada comunidad autónoma sobre los derechos reconocidos, el gasto destinado y las coberturas de los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

El informe destaca una evolución positiva registrada en casi todas las Comunidades y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como la Comunidad de Valencia y Canarias. Madrid, la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2018, es la que registra un mayor deterioro de sus servicios sociales.

No obstante, la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales señala  que la evolución positiva de los servicios sociales en los primeros años de la legislatura en todas sus dimensiones (ordenación, relevancia económica y cobertura), parece estancarse en los dos últimos años en muchas Comunidades. 

Así mismo, más allá de los datos, apuntan que sigue planeando la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checkingsocial) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen para atender las situaciones de pobreza, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.

GRANDES DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES

Las diferencias siguen siendo muy importantes. Así las Administraciones Públicas en el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 €) que Murcia, con sólo 297 €; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.

También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias:

  • En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la C. de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes.
  • El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia, y su tasa de desatención –Limbo– es de 1,6%. En Canarias sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su Limbo es el 29,3%.
  • Mientras las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades ni siquiera el 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia)

AUN FALTARÍAN 1.300 MILLONES DE EUROS AL AÑO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SERVICIOS SOCIALES ANTERIOR A LA CRISIS

Según el informe, el gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado.

Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.

Los últimos resultados reflejan que la Administración General del Estado es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes y consideran que a pesar de que algunos servicios sociales dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado (atención a la Dependencia),»la AGE ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales».

Por ese motivo, consideran que alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.

GASTAR MÁS NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR

Asimismo, para la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, un año más se pone en evidencia que las Comunidades que más gastan en Servicios Sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía.

En consecuencia para los autores del informe, las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.

A pesar de todo, consideran que aún siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación.

Los últimos resultados coinciden con el final de la legislatura y el inicio de la nueva a nivel estatal, municipal y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, lo que desde la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales constituyen «la oportunidad de realizar un balance de la legislatura que finaliza, así como de plantear los retos para la nueva, tanto a nivel general como en cada territorio».

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