La prioridad será la financiación de aquellos programas dirigidos a atender las necesidades básicas y urgentes de familias con menores a cargo en un contexto de vulnerabilidad social, así como la integración sociolaboral de los colectivos que más lo requieren.

Así consta en la resolución del BOE, en la que se señala que estas ayudas, cuya cuantía determinan los ciudadanos al rellenar la casilla social correspondiente de la declaración de la renta (y que es totalmente compatible con la de la Iglesia), buscan financiar programas de interés general, como es el apoyo a la inclusión e integración de personas y familias en situaciones más adversas. Las entidades perceptoras serán aquéllas con la consideración de “entidades del tercer sector colaboradoras con la administración general del Estado”, y entre sus requisitos, deberá figurar que están legalmente constituidas y que no tienen fines de lucro.

Programas prioritarios

Acorde con la prioridad del , los 221,5 millones de euros que se repartirán en la convocatoria de próximas fechas se enmarcan en la lucha contra la pobreza, en especial la pobreza infantil. Porque se trata de un tipo de ayudas que recaen en las entidades sociales que trabajan directamente con personas y familias en riesgo de exclusión, por lo que podrán desarrollar y consolidar sus proyectos de apoyo, atención y asistencia a quienes más lo necesitan.

Así, los llamados Programas de Urgencia Social volverán a tener una consideración primordial. Se financiarán proyectos para establecer o mantener comedores sociales, cubrir bienes de primera necesidad (alimentación, ropa, luz, agua…), dar mediación para alquiler de vivienda y evitar la exclusión residencial, o para atender gastos derivados del material, comedor o transporte escolar. Se agrupan aquí, además, programas de atención socio-sanitaria, de atención contra situaciones de violencia familiar y de apoyo a familias que residan en zonas desfavorecidas o entornos rurales.

La ayuda a personas sin hogar forma uno de los núcleos esenciales de esta clase de programas, así que las subvenciones con cargo al IRPF permitirán también la financiación de proyectos que ofrezcan alojamiento temporal (pisos tutelados, centros de media y larga estancia, etc) a personas sin vivienda, o atención ambulatoria sociosanitaria.

La asistencia a personas y familias de etnia gitana, a personas dependientes (en especial mujeres con discapacidad) y a cuidadores familiares, como programas de respiro familiar, constituyen otra línea de trabajo esencial, al igual que la apuesta por la conciliación laboral-familiar/personal.

Colectivos prioritarios

Las subvenciones sociales con cargo al IRPF promueven la integración sociolaboral y la atención sanitaria de colectivos o grupos de población que requiere mayores apoyos. Así, las personas mayores son una vez más foco de los programas prioritarios, y por ello, aquellas entidades que presenten proyectos de asistencia a mayores que viven solos o que tienen algún grado de dependencia, por ejemplo, disfrutarán de prioridad para recibir financiación.

Lo mismo puede atribuirse a los programas de ayuda a mujeres y a jóvenes, en ambos casos con una línea común de trabajo: favorecer su integración sociolaboral. En el caso de los proyectos dirigidos a mujeres, cobran relevancia los que den asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, y a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

​En la nueva convocatoria, por otro lado, se concede prioridad a proyectos de apoyo a su educación y calidad de vida, así como a su adecuada alimentación y atención sociosanitaria. Los programas que persigan la necesidad de integración en medio familiar a través de la adopción o el acogimiento suponen un campo de actuación fundamental, en consonancia con la reciente reforma de la legislación de protección de la infancia.

BOE convocatoria IRPF 2015