El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes 11 de junio en el Salón
de Pasos Perdidos (Palacio) de la Cámara Baja, el Informe Anual de la institución correspondiente al año 2018 a la
presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Según Fernández Marugán, dicho informe «incorpora lo que es el trabajo habitual de la casa los últimos 35 años, pero este año incorporamos dos cuadernillos: uno sobre la situación demográfica en España, y un segundo sobre las personas con discapacidad en prisión». A su vez, el dictamen se ha centrado en las siguientes cuatro cuestiones que son relevantes: el tema de vivienda, la sanidad, las personas mayores y la educación.
El primero de estos «ha sufrido un retroceso», como ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones. «La vivienda pública está hoy en mínimos históricos, y casi en peligro de extinción. Un problema que debería ser corregido».
La Institución ha abogado por un cambio en la política de vivienda, formulando una oferta pública a favor del
alquiler social que debería destinarse a los grupos que más han sufrido los efectos de la crisis
económica, como son las familias con menores a cargo o con personas con discapacidad; mujeres víctimas de
violencia de género; o jóvenes que no han podido alcanzar la emancipación residencial.
Respecto al bloque de la sanidad, Francisco Fernández Marugán afirma que «hay problemas en la atención
especializada, en la atención primaria y en la lista de espera»; además «las quejas ponen de relieve la
urgente necesidad de incrementar los medios personales y los medios materiales«.
El descontento por el copago farmacéutico ha sido otro punto destacable dentro de este aspecto por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha realizado un llamamiento al fenómeno del envejecimiento, que «se le puede hacer frente con un conjunto de actuaciones en el corto, el medio y el largo plazo», aunque «no hay que alarmar a la sociedad española, que no hay que dramatizar. Hay que actuar de una forma sistemática, pero sin tardanza».
De esta manera, se ha abierto una investigación sobre la atención que se presta en los centros residenciales para personas mayores, que muestra una insuficiencia de plazas públicas y concertadas de atención residencial, por lo que es necesario un mayor esfuerzo presupuestario. «Sin lugar a dudas, habrá que hacer reformas. Cuanto más tardemos en abordar esas reformas, peor. Esas reformas tienen dos exigencias: que satisfagan a las generaciones presentes, pero que no pongan en riesgo en modo alguno el progreso de las generaciones futuras», ha declarado.
Finalmente, en la cuestión de la educación, Fernández Marugán expresa «la necesidad de un Pacto por la Educación, ya que un buen sistema educativo no se improvisa, sino que necesita tiempo para implantarse y perfeccionarse».
En entre bloque, se ha prestado especial atención a las necesidades específicas de apoyo que presentan los alumnos en las distintas etapas y niveles educativos.
INFORME ANUAL DE 2018
De conformidad con el informe, el año pasado la Institución tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998),
investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327).
Por otro lado, hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron
presenciales, mientras que 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, se formularon 1.152
resoluciones a las administraciones, de las cuales 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios
de deberes legales y 10 advertencias.
Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la Institución.
Fuente: Congreso de los Diputados
