Consenso, transparencia y solidaridad intergeneracional son, según la Fundación Edad&Vida, algunas de las claves para alcanzar un acuerdo que garantice el poder adquisitivo y el valor de las pensiones a largo plazo.

El Gobierno admitía la semana pasada que el actual sistema de la Seguridad Social sólo es viable para los próximos diez años. “Se ha de conseguir establecer las fuentes de financiación que posibiliten eliminar el déficit de la Seguridad Social, estimado en más de 18.000 millones de euros en 2017”, puntualiza Edad&Vida.

Todos los expertos coinciden en que alcanzar el equilibrio financiero de la Seguridad Social implica crear más y mejor empleo, con mayores remuneraciones, además de introducir nuevas reformas que permitan mejorar los ingresos del sistema y reducir los gastos. De momento, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha adelantado que utilizarán el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a parte de la paga extraordinaria de diciembre de los pensionistas.

Desde Edad&Vida, a partir de un debate constructivo en el que la Unión Democrática de Pensionistas y Ceoma participamos, como asociaciones de personas mayores y los representantes del pacto de Toledo de las formaciones del PP, PSOE, PODEMOS y PdeCAT, se reclama volver al consenso y que se apueste por la transparencia.

Para Mª José Abraham, directora general de Edad&Vida, “la economía debe mejorar para que crezcan la inversión en formación y salarios, especialmente los de los jóvenes, quienes serán los que soportarán el peso del coste de las pensiones futuras, los garantes del sistema y de la solidaridad intergeneracional”, añade.

Desequilibrio demográfico

En opinión de la Fundación Edad&Vida, cualquiera de las fórmulas que se elijan  deberá tener en cuenta el aspecto demográfico, esto es, el incremento de la esperanza de vida, y sus consecuencias. Según datos del Padrón Continuo (INE) hay casi nueve millones de personas con 65 y más años, es decir más del 18% del total de la población. Además, los octogenarios ya representan el 6% de toda la población española, un grupo que seguirá ganando peso en los próximos años.

Según pronostican en el ‘Informe Envejecimiento en Red 2017’, del CSIC, en 2066 habrá más de 14 millones de personas mayores. “Tendremos más pensionistas y cobrarán durante más tiempo, por tanto, la necesidad de recursos será mayor. También lo será reforzar un nuevo contexto sociosanitario que permita hacer frente a la cronicidad y a la dependencia resultantes de esa población más envejecida, profesionalizar a los cuidadores e invertir en investigación”, explican desde la Fundación Edad&Vida.

Soluciones financieras adaptadas

Además de las acciones emprendidas por el Ejecutivo para hacer frente al reto que supone el incremento de la esperanza de vida, la Fundación Edad&Vida sugiere que las entidades financieras y aseguradoras deberán desarrollar soluciones y productos innovadores que permitan maximizar el ahorro/patrimonio en la etapa de la jubilación para adaptarse a la longevidad de las personas y a las potenciales situaciones de dependencia.

De este modo, transparencia, incentivos para el ahorro y envejecimiento activo son “tres claves fundamentales que no pueden pasarse por alto”. “Es muy importante que los ciudadanos tengan información de la pensión que van a percibir en el momento de su jubilación y puedan valorar la necesidad de tomar medidas complementarias con la antelación suficiente”.

Asimismo, Edad&Vida sustenta la necesidad de que los ciudadanos que están en etapa activa estén formados financieramente. “Han de ser conscientes de lanecesidad de ahorrar a largo plazo y empezar a hacerlo lo antes posible”. “La Administración debe realizar un esfuerzo por formar financieramente a la ciudadanía, desde la juventud hasta la jubilación, para que puedan tomar las decisiones económicas adecuadas”, detallan.

Además, desde la Fundación Edad&Vida inciden en que el envejecimiento activo debe comenzar a formar parte de la cartera de las distintas administraciones, empresas y la sociedad, en general. “Llegar a una edad adulta en las mejores condiciones económicas, psicológicas y físicas deberá ser prioritario para los ciudadanos y para el conjunto de la sociedad, especialmente para la Sanidad y la Economía, ya que el grueso de la población estará constituido por personas mayores”, concluyen.