La Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente ha hecho público el Informe que a mediados de año emite sobre el grado de cumplimiento de las previsiones del Gobierno sobre evolución del déficit, ingresos y gastos, del sector público, estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

Este año la mayoría de los medios de comunicación se han hecho eco de las referencias, demoledoras, a la ejecución presupuestaria en Seguridad Social. Para la Autoridad, a estas fechas del año existe práctica certeza de que las previsiones presupuestarias con las que se aprobaron las cuentas no van a cumplirse.

La evolución del gasto de Seguridad Social no se aparta demasiado de las previsiones en materia de pensiones, aunque por el lado de la incapacidad temporal la mejora en la situación del mercado de trabajo ha hecho que afloren los problemas embalsados los años anteriores. Vamos, que el miedo al despido ya no funciona tan eficazmente como antídoto contra problemas menores de salud, y los trabajadores ya no van a trabajar con 39 grados de fiebre, por mucho que se amplíen las facultades de las Mutuas.

El problema reside, tal y como hemos venido advirtiendo algunas personas desde hace tres años, en el lado de los ingresos. Para empezar, porque constantemente se están cargando sobre la mochila de las pensiones una serie de bonificaciones que, de cumplirse medianamente el Pacto de Toledo debería financiar el Estado con impuestos. A pesar de que aquí sí existe margen, y de hecho se están bajando algunos, como el IRPF, estas bajadas se vienen realizando sistemáticamente a costa de incrementar el déficit de Seguridad Social.

La Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente considera que, a pesar de la reducción de la protección al desempleo, este año vamos a acabar con un déficit similar a 2014, esto es, de 15.000 millones de euros en el sistema de pensiones. Hasta ahora el Gobierno Rajoy ha deglutido 45.000 millones de euros de los fondos de la Seguridad Social, y cuando acabe este año la cifra superará los 50.000 millones de euros. Es decir, seis mil euros por pensionista, reduciéndose el valor patrimonial de la Seguridad Social a un ritmo doble en velocidad del que experimentó  su crecimiento ininterrumpido de 2000 a 2011.

Pero esto no sucede porque sea inexorable, sino porque los actuales gestores son los peores que ha tenido la Seguridad Social en toda su centenaria existencia. Además de cargarle las rebajas fiscales a los empresarios, aprueban medidas que van a sustituir aportaciones del Estado por pagos con cargo a cuotas, como les va a suceder a todas las cien mil madres que generen pensión en 2016, que van a ver como su complemento a mínimo se reduce en la misma cuantía que crece su pensión a cargo de cuotas, y al final cobrarán lo mismo. Y para acabar de coronar el pastel con su guinda, aprueban una serie de medidas que han sometido a cotización todas las prestaciones en especie que recibían los trabajadores (vales comida, kilometraje, aportaciones a fondos de pensiones, etc). Estas prestaciones eran abonadas por las empresas precisamente porque se ahorraban la cotización. Cuando se recargan, las empresas prefieren incrementar los salarios congelados y exiguos,  y que los trabajadores se busquen la vida.

Con todo esto, la recaudación no aumenta, las aportaciones del Estado disminuyen, hemos destruido los planes de pensiones de empresa (esos que el Gobernador del Banco de España recomienda incrementar) y empeorado todas las perspectivas del sistema, se midan desde cualquier perspectiva.

¿Podrían adoptarse otras medidas? Sin  duda, siempre y cuando se entienda que la primera debería ser sustituir a los responsables del desaguisado. Parafraseando a Churchill, nunca tan pocas personas han hecho tanto daño a tantas otras. Pero Rajoy y Báñez, a lo suyo, sacando pecho con la mejora de la situación económica, y esperando un milagro para que en la próxima legislatura puedan echar la culpa de la quiebra del sistema de pensiones a Rodríguez Zapatero.