Mientras los políticos siguen intentando alcanzar pactos que permitan la formación de un gobierno para España, las cuentas no cuadran y los problemas económicos se agolpan a la espera de medidas que contribuyan a su solución. Así, la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, cree que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, se habrá agotado a finales de 2018.

Este organismo viene alertando sobre esta circunstancia desde hace tiempo. Y en su análisis de los Presupuestos Gererales del Estado 2016, aprobados en julio pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ya informaba de la delicada situación de la Seguridad Social, y de las “optimistas” perspectivas de los Presupuestos en materia de ingresos.

El Proyecto de PGE 2016 recoge una previsión muy ambiciosa de ingresos por cotizaciones. Los PGE presentan un crecimiento del 6,7% respecto al presupuesto inicial de 2015 y de más del 15% respecto a la previsión de liquidación realizada por Airef para ese año. Este crecimiento no está en línea con el crecimiento de las cotizaciones previsto en el Plan Presupuestario presentado para 2015-2016 que estima un crecimiento del 1,8% en 2015 y del 3,9% en 2016. Las estimaciones incluidas en el Proyecto de PGE 2016 para apoyar la evolución prevista de las cuotas no explican un aumento de esta magnitud. El crecimiento de los ingresos se ve minorado además por el efecto de las reducciones de cotizaciones en vigor.

Por último, y por lo que respecta a los ingresos totales, disminuyen los rendimientos del Fondo de Reserva. Adicionalmente, el total de ingresos se verá también limitado por los menores rendimientos obtenidos por el Fondo de Reserva al disminuir sus activos totales por la necesidad de financiar los déficits de los últimos ejercicios.

Recientemente, el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), José Luís Escrivá, realizó una presentación  en la que se analiza la sostenibilidad de la deuda pública española en el medio plazo después de haber rozado en 2015 el 100% del PIB. Ese déficit estructural, según la Autoridad Fiscal, hay que relacionarlo, fundamentalmente, con el comportamiento del sistema público de protección social, lo que explica que la Seguridad Social se vaya a comer antes de que acabe la década la llamada ‘hucha de las pensiones’. Según Escrivá, en 2018, cuando el ciclo económico sea neutral (la coyuntura ni ayudará ni detraerá crecimiento), el desequilibrio estructural será equivalente a 2,5 puntos de PIB. Pero mientras que la inversión pública restará 1,5 puntos de déficit, la Seguridad Social sumará un desequilibrio equivalente a tres puntos del producto interior bruto.

Este desequilibrio tiene que ver con que España, pese a la subida de la presión fiscal, no logra situar la recaudación total por encima del 40% del PIB, mientras que los gastos se situarán por encima del 42% en el escenario base. La consecuencia de ello es que la sostenibilidad de la deuda se hace más difícil.

La Autoridad Fiscal recuerda que la deuda pública ha crecido en nada menos que casi 65 puntos desde la crisis (unos 650.000 millones en euros), de los que 32 puntos, cerca de la mitad, son achacables a la debilidad de la economía. De ellos, 21 puntos han sido por la influencia del ciclo; siete puntos, por las ayudas a la banca, y cuatro puntos, por las ayudas a otros estados de la UE.

Esto significa, en palabras de Escrivá, que “la sostenibilidad de las finanzas públicas no está suficientemente asentada y subsiste un problema de credibilidad sobre su materialización”. Es por ello que reclama un plan presupuestario a medio plazo “realista y creíble” para cerrar la brecha fiscal de carácter estructural. Esos 25.000 millones de euros que se han enquistado en la economía española como consecuencia de la diferencia entre ingresos y gastos. Y la Seguridad Social, según la Autoridad Fiscal, es el núcleo duro del problema.