Según informa la agencia EFE, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha aprobado hoy el proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social con una única enmienda, del PP, que establece el abono de subvenciones por importes concretos a una relación de ONG con cargo a los presupuestos del Estado de 2015.

Han apoyado la enmienda el PSOE y el PP, que la ha justificado para evitar transitoriamente el “grave perjuicio” que supondría para las ONG de ámbito estatal la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en junio el real decreto de 2013 que regula las subvenciones a estas entidades porque invadía competencias autonómicas.

El resto de la oposición, en términos generales, ha reprochado que se incorpore esta modificación en una ley, si bien Convergencia y PNV se han abstenido para que evitar que nadie diga que no son solidarios.

Con competencia legislativa delegada (plena), criticada por varios grupos, la comisión ha rechazado los cinco vetos (de IU, ERC, Entesa, PNV y CiU) por dieciséis votos (PP), con tres a favor (CiU, PNV y Grupo Mixto) y siete abstenciones (PSOE). Tampoco ha salido adelante ninguna de las 60 enmiendas de la oposición.

El proyecto ha sido apoyado por los 16 senadores del PP, con tres votos en contra (CiU, PNV y Grupo Mixto) y siete abstenciones (PSOE), y vuelve al Congreso para que se pronuncie sobre la enmienda citada.

Esta ley, para entidades de ámbito estatal, las define como organizaciones privadas surgidas de la iniciativa ciudadana según criterios de solidaridad y participación social, altruismo, fines de interés general y “ausencia de ánimo de lucro”.

Su acción se dirige, con autonomía, al reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales o culturales de personas en condiciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Introduce medidas de fomento como “garantizar” su participación en las políticas sociales, de empleo, igualdad e inclusión y mejorando la normativa sobre mecenazgo.

Pretende fomentar la diversificación de las financiación mejorando la normativa sobre mecenazgo e impulsando la responsabilidad social empresarial. Menciona el acceso a la financiación a través de “entidades de crédito oficial”.

El Gobierno aprobará un programa que potenciará conciertos y convenios de la administración central para programas de inclusión y de atención a la discapacidad y la dependencia.

El Grupo mixto, Entesa y PSOE han recriminado que no pueda suponer incremento del gasto público.

La senadora del PP Coloma Mendiola ha defendido la ley para fortalecer el tercer sector y ha negado invasión de competencias, pues es para entidades que actúen en más de una comunidad.

Lo importante es que el dinero llegue a quien más lo necesita, ha dicho para justificar la enmienda en cuestión.

Ha negado recortes en este sector, sino que se han tenido que pagar “facturas pendientes”, que ponían en riesgo la viabilidad de estas entidades.

Raquel Andrés, del PSOE, ha considerado que se necesita un marco jurídico que no puede esperar, aunque cree que se pierde una oportunidad para darle más importancia al tercer sector y prevenir situaciones como las que intenta resolver la enmienda, que ha apoyado para que miles de personas no queden desamparadas.

Por el Grupo Mixto, el senador de IU Jesús Enrique Iglesias cree que la definición del tercer sector es “tremendamente restrictiva” y debería ampliarse a la cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción.

Ester Capella, de ERC, ha criticado que el pleno del Senado no participe en el debate de algunas leyes, como ésta, lo que ha considerado un “flaco favor” a la Cámara alta, donde el PP pretende “autoenmendar” una ley que “perjudica” a Cataluña.

Jordi Guillot (Entesa) lo ha considerado una “mascarada legislativa”, que hace del Senado una cámara de “churros legislativos”.

Ha asegurado que las políticas sociales del Gobierno se han centrado en los “recortes”; el proyecto es “claramente insuficiente” pues no trata temas como el IVA, la contratos del sector público, las subvenciones y los impuestos de sociedades.

José María Cazalis (PNV) ha visto “extralimitación competencial” y María Teresa Rivero (Convergencia) piensa que la ley es “precipitada” en la tramitación, “poco ambiciosa” y “absolutamente recentralizadora”.

Ha demandado la “territorialización” del 0,7 % del IRPF para fines sociales y ha denominado la enmienda del PP como “triquiñuela”.

CiU solicitó al presidente del Senado, Pío García-Escudero, que no se admitiese a trámite, pero la Mesa lo desestimó.