Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron aprobados por la resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 16 de diciembre de 1991.

Para el presidente de Unión Democrática de Pensionistas, UDP, “han pasado 25 años desde la aprobación de estos Principios, y hoy en España todavía no se cumplen muchos de ellos. El principal es el de la seguridad de los ingresos, que en nuestro país está en cuestión para los pensionistas a corto plazo. El Fondo de Reserva se agotará el año que viene, y nadie plantea qué hacer para equilibrar unas cuentas de la Seguridad Social que este año arrojarán un déficit de 17.000 millones”, declara Pindado.

Por ello, continúa Pindado, “en nombre de los más de ocho millones de pensionistas del país, exigimos a todos los partidos políticos un pacto de Estado que garantice el futuro de las pensiones, y el mantenimiento del poder adquisitivo de todos los pensionistas“.

Principios a favor de las personas de edad que se incumplen en España

“Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”.

  • En España más de 2.000.000 de personas mayores sobreviven por debajo del umbral de la pobreza con pensiones inferiores a 500 euros.

“Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos”.

  • Apenas el 1,93% de los españoles con la edad legal para retirarse sigue trabajando, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), frente al 5,33% de promedio de la Unión Europea. España es, de hecho, el país comunitario con la tasa de ocupación más baja entre los que ya podrían jubilarse. Por otra parte, hay cerca de 600.000 parados registrados mayores de 55 años que tienen casi imposible reincorporarse al mundo laboral.

“Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales.”

  • La legislación española permite despedir a los trabajadores sin ningún tipo de indemnización cuando éstos hayan alcanzado la edad de jubilación, aunque el trabajador quiera seguir trabajando.

“Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio.”

  • Los entornos donde viven las personas de edad no están adaptados a la evolución de sus capacidades. Los transportes públicos, las calles y los espacios públicos culturales y sociales no están adaptados en su mayoría a las necesidades de los mayores. Las barras inalcanzables en los autobuses, los grandes bordillos en las aceras, las escaleras en edificios públicos, los firmes desiguales y la falta de espacios de reposo hacen a menudo las ciudades hostiles a las personas mayores. Por otra parte, es necesario un plan nacional de adecuación de viviendas de personas mayores, que posibilite que éstas puedan residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. En la actualidad, miles de personas mayores viven confinadas en pisos altos de viviendas sin ascensor.

“Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad.”

  • Hay cerca de 2.000.000 de personas de 65 o más años que viven solas. Muchas de estas personas son mujeres viudas de edad avanzada que han perdido sus vínculos sociales y viven una soledad no deseada. Para la OMS la soledad no deseada en uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud, y un factor determinante que favorece la entrada de estas personas en situaciones de dependencia.

“Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.”

  • Según los datos del último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. Un 80% son mayores de 65 años. Un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido en una imposición social y económica. Las personas mayores quieren vivir y (mayoritariamente) morir en su casa. Por ello hay que apoyar de forma prioritaria el establecimiento de unidades de cuidados paliativos a domicilio.

“Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.”

  • No existen en España estudios fiables sobre la incidencia de los malos tratos a personas mayores. Se deben establecer protocolos de actuación para la prevención y detección de los posibles malos tratos tanto en el ámbito familiar como en el residencial. Así como estudios en profundidad sobre la incidencia de los malos tratos en las personas de edad.