El Banco de España acaba de publicar El sistema público de pensiones en España situación actual y alternativas de reforma, un informe de Pablo Hernández de Cos, Juan Francisco Jimeno y Roberto Ramos, que les invitamos a leer en el documento adjunto.

Para los autores del informe, las reformas han reforzado sustancialmente la sostenibilidad del sistema, si bien su adecuación a las necesidades de una población progresivamente más envejecida plantea retos notables. En concreto, en ausencia de modificaciones adicionales de los ingresos del sistema, el mecanismo de ajuste se produce principalmente a través de la pensión media, que, en un contexto de crecimiento significativo de la tasa de dependencia, generará reducciones elevadas de la tasa de sustitución de las pensiones junto con un mayor riesgo de pérdida de poder adquisitivo de la población jubilada ante aumentos inesperados de la inflación.

Esto se produciría como consecuencia del nuevo índice de revalorización, que podría dar lugar en dichos escenarios inflacionarios a disminuciones sistemáticas de la renta real de los pensionistas una vez hayan alcanzado esta situación. En este contexto, resulta clave, en primer lugar, delimitar las tasas de sustitución de las pensiones que se pretenden asegurar con el sistema público, de forma que, en su caso, se analice la adecuación de los ingresos del sistema para garantizar su sostenibilidad.

De los análisis disponibles se puede concluir que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales del sistema, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos de los ingresos del sistema muy significativos. En este sentido, en el caso de que se optara por aportar nuevos ingresos para financiar el gasto deseado, parece razonable buscar otras fuentes de financiación distintas a las actuales, dado el elevado nivel de partida de las cotizaciones sociales y sus efectos negativos sobre la demanda de trabajo.

En el caso de que se opte por una reducción de las tasas de sustitución, deberían analizarse las ventajas o inconvenientes de su instrumentación a través de la reducción de la pensión inicial frente a la indexación de las pensiones existentes o el papel que debe desempeñar la edad de jubilación en el ajuste. Asimismo, en este caso debe delimitarse la función que se pretende otorgar a otros mecanismos de seguro y ahorro que ayuden a complementar en el futuro las pensiones del sistema público de reparto, como los que ya se han implantado en otros países.

De cualquier modo, el nuevo sistema aumenta la incertidumbre sobre la evolución del nivel futuro de las pensiones, por la aplicación tanto del factor de sostenibilidad como del índice de revalorización, por lo que su instrumentación debe realizarse con la mayor transparencia posible, con objeto de dotar a la población de la información necesaria sobre su pensión futura y de permitir a los individuos tomar decisiones óptimas de ahorro.

Asimismo, tras las sucesivas reformas, el sistema público de pensiones español mantiene elementos muy heterogéneos de contributividad en la medida en que las tasas a las que se acumulan derechos de pensión varían en función de las edades a las que se realizan las cotizaciones y la variabilidad de los salarios a lo largo de la vida laboral. Esto lleva a que finalmente la pensión de jubilación dependa desproporcionadamente del desempeño laboral durante las edades más avanzadas de la vida laboral.

En este sentido, una vía de reforma que puede resultar atractiva en el doble objetivo de búsqueda de transparencia y de mejora de la contributividad del sistema, que ha sido adoptada por varios países de nuestro entorno, consiste en completar la transición hacia un sistema de cuentas individuales nocionales de contribución definida. Este sistema no resuelve, sin embargo, los elementos básicos de la discusión sobre la generosidad del sistema y su relación con los recursos destinados a su financiación.

Por último, más allá de las modificaciones que sobre el sistema de pensiones se efectúen, los retos del envejecimiento poblacional deben afrontarse desde una estrategia amplia de política económica. En primer lugar, resulta crucial que se retome la senda de la consolidación fiscal y se recupere la tendencia de reducción de la deuda pública, para alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a nivel europeo y en las leyes de estabilidad presupuestaria a nivel nacional en el medio plazo y situar las finanzas públicas en una mejor posición para afrontar los problemas derivados del envejecimiento.

En segundo lugar, desde el punto de vista macroeconómico, los problemas de sostenibilidad del sistema de las finanzas públicas pueden verse aliviados, si evolucionan favorablemente el empleo y la productividad de la economía. En este sentido, el margen de mejora en nuestro país es amplio y exige reformas estructurales en muchos ámbitos, como el mercado de trabajo y los mercados de bienes y servicios, además de la educación y la formación de los trabajadores. La visión de largo plazo que debe mantenerse en el análisis de la sostenibilidad del sistema de pensiones es, además, perfectamente compatible con el hecho de que muchas de las reformas necesarias para mejorar el empleo y, sobre todo, la productividad de la economía solo pueden desplegar sus efectos tras un período relativamente dilatado de tiempo.