Durante los últimos años, las pensiones han sido un tema frecuente de debate social en España, así como las alternativas que se están planteando para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y su suficiencia. De hecho, prácticamente la totalidad de la ciudadanía, el 98%, cree que la sostenibilidad del sistema público de pensiones está en riesgo, por lo que se hace fundamental introducir reformas estructurales en el modelo.

Esta es una de las conclusiones que se han extraído del estudio “Jubilación y Hábitos de ahorro de los españoles”, elaborado por el Instituto SANTALUCÍA, donde se analiza la opinión y las expectativas que los ciudadanos españoles tienen sobre la jubilación y el futuro de las pensiones.

Entre los principales factores que la sociedad española cree que amenazan la sostenibilidad del sistema público de pensiones se encuentra en, primer lugar, la calidad del empleo, refiriéndose a la temporalidad y los bajos salarios, según destaca un 68,4%. A continuación, un 66,3% apunta a las cifras de desempleo, que han reducido significativamente el número de cotizaciones, como principal riesgo. Por su parte, un 59,4% de los españoles cree que el envejecimiento de la población (bajos índices de natalidad y aumento de la esperanza de vida) también juega un papel fundamental. Además, en cuarta posición, el 48,6% de los encuestados cree que la economía sumergida es uno de los factores de riesgo y un 42,2% señala a la falta de consenso político como una de las amenazas a la sostenibilidad de las pensiones.

Según José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto SANTALUCÍA, “nuestro sistema de protección público siempre ha sido uno de los más generosos de nuestro entorno, aunque se haga evidente que hay varios factores coyunturales y estructurales que hacen necesario diseñar un modelo a largo plazo que garantice su sostenibilidad. Más allá de eso, resulta fundamental fomentar la cultura del ahorro y que los ciudadanos tengan todas las herramientas para hacer una adecuada planificación financiera que les permita cumplir con sus expectativas de futuro”.

Ante el futuro de las pensiones, la ciudadanía lo tiene claro: el 87,3% de la población asume que las prestaciones por jubilación serán más bajas en el futuro o perderán poder adquisitivo. Un porcentaje también muy significativo (83,5%) piensa que las pensiones se financiarán con una subida de impuestos o bien se creará un impuesto nuevo específico para ello, mientras que un 81,9% da por sentado que la edad de jubilación seguirá aumentando por encima de los 67 años.

Del mismo modo, un 63,1% cree que las futuras reformas obligarán a las empresas a ofrecer planes de pensiones a sus empleados, como ocurre en Reino Unido, y hasta casi la mitad de la población (48,7%) cree que las pensiones de viudedad desparecerán con el tiempo.

¿Qué medidas tomarían la sociedad española en materia de jubilación?

 

Son muchas las propuestas que están sobre la mesa en la Comisión del Pacto de Toledo y que están siendo debatidas para diseñar la futura reforma de las pensiones. Según se desprende del estudio del Instituto SANTALUCÍA, a un 89% de población española les gustaría poder elegir en cada momento la base por la que cotizan para decidir, en consecuencia, cuando jubilarse. Por su parte, un 85,5% se muestra a favor de incentivar los productos de ahorro finalista con una mayor desgravación y ocho de cada diez querrían poder compatibilizar al 100% el cobro de una pensión y el trabajo.

Asimismo, siete de cada diez personas creen que las empresas deberían ofrecer a sus empleados planes de pensiones, mientras que el 61% ve bien que se obligue a ahorrar para la jubilación mediante la retención de un porcentaje de la nómina.

Sin embargo, si hay una demanda generalizada, esta es, como asegura hasta un 94,8%, que el Gobierno informe adecuadamente sobre la pensión estimada que recibirá cada cotizante. Precisamente, un porcentaje similar (93,7%) da por hecho que le hará falta complementar de alguna forma su prestación pública.

Entre estas personas que ya están complementando su pensión o prevén tener que hacerlo en el futuro, los ahorros son la opción más mencionada por un 70,6%, seguido de un 44,2% que apuntan concretamente a productos específicos de ahorro a largo plazo como los planes de pensiones, fondos de inversión, etc. A continuación, un 35,5% confía en sus propiedades y bienes inmuebles como complemento a la pensión, mientras que 15,6% recurre a la ayuda de familiares.