La mesa estatal por los derechos de las personas mayores exige un mayor compromiso para crear un mundo para todas las edades

Las 22 organizaciones de la Mesa Estatal publicamos un manifiesto en el que se pide un mayor compromiso para crear un mundo para todas las edades y hace una serie de propuestas para promover los derechos de las personas mayores.

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Manifiesto:

NUNCA MÁS AL MALTRATO Y LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

El día 15 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, declarado por Naciones Unidas con el fin de denunciar, visualizar y alertar sobre este grave problema social que sufren las personas mayores de todo el mundo. 

Las personas mayores y personas con discapacidad mayores son vulnerables al maltrato sea este económico, material, físico, emocional, psicológico o sexual; el abandono, la soledad no deseada, la falta de atención y las faltas a su dignidad son algunos ejemplos de ello.

Este 15 de junio de 2022, desde la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores, constituida en 2013 y formada por las principales organizaciones españolas que trabajan a favor de los derechos de las personas mayores, queremos denunciar y concienciar a las familias, a los y las profesionales del ámbito sociosanitario, a los medios de comunicación y a la sociedad en general sobre este grave problema social. Al mismo tiempo, queremos recordar y hacer un reconocimiento a las personas mayores víctimas del COVID 19, que han sufrido discriminación, inequidad en el acceso a su derecho a la salud y situaciones de abuso y maltrato durante esta pandemia. Recogemos asimismo las propuestas del manifiesto que la fundación PILARES para la autonomía personal, ha planteado ante esta situación.

Según datos de Naciones Unidas, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de maltrato en sus comunidades. La cifra puede incluso ser superior ya que solo 1 de cada 24 casos lo informa y, en la mayoría de los países, este tipo de maltrato pasa desapercibido porque está normalizado en conductas y hábitos sociales.

La pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto nuevas carencias y situaciones de vulneración de derechos y abuso a las personas mayores en todo el mundo.  La letalidad global de la pandemia para las personas mayores de 60 años se sitúa en 4,8%.  Con datos acumulados hasta abril de 2022, en España se han producido 105.642 víctimas mortales y de ellas más del 50% son personas que tenían 65 y más años y muchas de ellas vivían en residencias. Durante la gestión de la pandemia se han producido en todos los países del mundo y en España una discriminación por razón de edad y discapacidad en el acceso a los servicios sanitarios. Raramente se ha escuchado la voz de las personas mayores y la mayoría ha vivido situaciones de aislamiento y soledad. 

Son numerosos los informes y estudios que así lo reflejan como es el caso de “Abandonadas a su suerte” de Amnistía Internacional, “Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España” de Médicos sin fronteras o el informe del Comité de Bioética de España sobre los “Aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus”. Otras organizaciones como HelpAge o el CERMI Estatal también se han hecho eco y han publicado diversos informes.

Las personas mayores en situación de dependencia, así como las personas mayores con discapacidad han sufrido violaciones y restricciones muy graves en el ejercicio de sus derechos y se han evidenciado las debilidades del modelo asistencial vigente, en el que son otros los que toman decisiones sobre la vida de las personas, sin tener en cuenta la afrenta a su dignidad y la vulneración de derechos que en ocasiones ello significa. Han aflorado así, y de la manera más cruda, el edadismo y el estigma social que vincula la vejez y la discapacidad con inutilidad y minusvaloración de la vida de las personas, siendo particularmente destacable la situación de las mujeres mayores que en el caso de ser, además, mujeres con discapacidad mayores sufren de una doble discriminación como mujeres y como personas con discapacidad. Constatamos que se ha impuesto un estereotipo que genera una visión negativa, homogeneizadora y uniforme de las personas mayores muy alejada de la realidad, olvidando las relevantes aportaciones que ellas hacen a nuestro bienestar social y las lecciones de solidaridad y resiliencia que han mostrado sobradamente.

Desde los inicios de la pandemia, las organizaciones que formamos parte de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores propusimos protocolos y medidas de actuación, tanto a las administraciones públicas como a los proveedores de servicios, para que se tuviera en cuenta la realidad de las personas mayores y sus necesidades ante la vulnerabilidad de la edad frente al virus.

Creemos que dos años después del inicio de la pandemia y ante una realidad aún no exenta de riesgos y de víctimas, ha llegado el momento de hacer una reflexión pública sobre lo ocurrido, un examen de conciencia y sensibilizar a los poderes públicos y a toda la sociedad sobre la grave violación de los derechos humanos que supone el maltrato a las personas mayores. El maltrato a las personas mayores se puede prevenir y todas las personas podemos ayudar a prevenirlo y evitarlo. Podemos y debemos ayudar a proteger a las personas mayores para que puedan vivir sin temor al menoscabo de sus derechos, a ser agredidas, expoliadas de sus bienes o desatendidas en sus necesidades.

Por todo ello, PROPONEMOS:

  • Un inmediato traslado a la agenda política, por parte de los diferentes actores sociales con capacidad de intervención, del tema de los abusos y maltrato en la vejez.
  • Un compromiso firme y público, de estos actores sociales, para defender de forma propositiva al colectivo de personas mayores y personas con discapacidad mayores promoviendo nuevas iniciativas legislativas que contemplen de manera específica y actual el problema de los abusos y maltrato en la vejez.
  • Un compromiso por parte de los diferentes actores jurídicos, en compañía de las organizaciones más representativas de los colectivos de personas mayores y personas con discapacidad mayores, para revisar, actualizar, difundir y hacer cumplir lo legislado. 
  • Una actuación diligente de la Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores ante las denuncias y abusos de las personas mayores.
  • Campañas de sensibilización y concienciación permanentes sobre los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida
  • Garantizar un número suficiente de profesionales, especialmente del ámbito sociosanitario, para responder adecuadamente a las necesidades complejas de apoyo que tienen las personas mayores y formarlos en ética de los cuidados y derechos de este colectivo.
  • Que los poderes y las administraciones públicas se sumen a la campaña de la OMS contra el edadismo.
  • Que los medios de comunicación contribuyan con sus acciones y códigos deontológicos a una sociedad del buen trato y el respeto a las personas mayores y sirvan de guía para la denuncia de estas situaciones. 

Y ESPECIALMENTE QUEREMOS:

Honrar a las personas mayores de nuestro país y en particular a todas las que han sufrido por la COVID-19 o han muerto a causa de ella, pidiendo perdón a todas las víctimas, como parte de la sociedad que somos, por el sufrimiento generado, que se continúen investigando las causas para reparar el daño causado, se restituyan y respeten sus derechos y que se ponga en valor y agradezca el ejemplo de resiliencia y solidaridad que las personas mayores nos han brindado.

Que se reconozca a sus familiares y a tantos y tantas profesionales sociales y sanitarios el buen trabajo y esfuerzo, muchas veces sobrehumano, que han realizado durante la pandemia, que se incrementen las plantillas de los servicios y se supere la precariedad de sus condiciones laborales. 

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