El Gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a reunirse este lunes para debatir sobre la reforma de las pensiones pero, de momento, no han alcanzado ningún acuerdo. De hecho, en la mesa de negociación ha quedado en evidencia que mantienen puntos de vista distintos sobre el alcance de esta negociación y los objetivos que debe perseguir.

Los sindicatos reclaman cambios en la reforma de 2013 y del factor de sostenibilidad para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo; mientras que el Ejecutivo defiende que deben centrarse en cómo lograr más ingresos para paliar el considerable déficit que afronta la Seguridad Social, y no plantear propuestas que incrementen aún más los gastos.

“Esta mesa se ha constituido para tomar decisiones sobre cómo mejorar la salud financiera del sistema y no es razonable que se quieran incrementar desde ya los gastos”, señaló tras el encuentro el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ingresos vs gastos

“No nos olvidamos de la suficiencia (de las pensiones), pero primero hay que hablar de los ingresos, que son la auténtica prioridad del debate. Lo otro será objeto de discusiones en el futuro”, añadió.

En este tercer encuentro de la mesa de diálogo sobre las pensiones, que se celebró en la sede del Ministerio de Empleo, participaron además del secretario de Estado de la Seguridad Social, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera; el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo; el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, y la directora del departamento sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz Terán.

Los argumentos de Empleo no convencen a las organizaciones sindicales que consideran que si no se modifica la reforma de 2013 “los pensionistas van a perder un 20% de poder adquisitivo por cada 10 años”, según subrayó Barrera tras el encuentro. “No estamos dispuestos a pactar sólo cómo paliar el déficit del sistema a corto y medio plazo”, añadió.

En la misma línea se pronunció, Carlos Bravo, de CCOO, que se quejó de la “falta de ritmo” de la mesa, al tiempo que pidió que se analice la suficiencia de las pensiones y cómo impedir que éstas sigan perdiendo poder adquisitivo en el futuro.

Poder adquisitivo de las pensiones

Los sindicatos tampoco salieron muy satisfechos de la reunión que se celebró el pasado 16 de enero. De hecho, los responsables de Políticas Sociales de CCOO y UGT pidieron al Gobierno que fuera “más ambicioso” y más “concreto” en las medidas que plantea. “Queremos que se hable de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, de la suficiencia de las mismas y de los recortes que introdujo la reforma del PP”, reclamó en aquella ocasión Barrera, algo que parece no se ha producido tampoco en este nuevo encuentro.

El Ejecutivo niega que las pensiones vayan a perder poder adquisitivo como denuncian los sindicatos y los partidos de la oposición. En su comparecencia el pasado viernes en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, criticó a aquellos que siguen “anclados” en la referencia única del IPC. Y recordó que desde que se aplica el índice de revalorización, las pensiones han ganado 1,65 puntos de poder adquisitivo, lo que supone 1.905 millones de euros: 499 de ganancia en 2014, 878 en 2015 y 528 en 2016.

Unos argumentos que no convencen, en absoluto, a los grupos de la oposición, que creen que Báñez “insulta” a los pensionistas con incrementos del 0,25% que apenas suponen dos euros más al mes.

Destope de las bases de cotización

De momento, el Ejecutivo ha hecho algunas propuestas. Entre ellas, el destope de las bases de cotización, una medida que podría suponer unos ingresos extra de entre 6.500 y 7.000 millones de euros; y dejar de subvencionar, vía Seguridad Social, los 3.000 millones de euros que se gastan anualmente en bonificaciones a la contratación, y que pasarían a financiarse desde los Presupuestos.

Durante su intervención en el Congreso, la ministra de Empleo confirmó que la Seguridad Social cerró el año pasado en ‘números rojos’. Los datos disponibles hasta el momento arrojan un déficit del 1,7% del PIB, lo que equivale a unos 18.000 millones de euros, la mayor cifra de su historia.

Pese a este importante agujero, Báñez se mostró optimista y puso como ejemplo de que «vamos por el buen camino que la recaudación efectiva de caja del sistema de cotizaciones sociales registró un aumento anual del 3,15% hasta noviembre del año pasado, lo que supone casi el doble que en 2015, cuando creció un 1,61%.

Además, avanzó que enero de este año sigue esa “línea ascendente”, ya que la recaudación líquida recoge unos ingresos de 9.459 millones, cifra que supera en 454 millones la del mismo mes del año pasado. Asimismo, precisó que este dato es superior incluso al que se registró en 2008, uno de los mejores años de recaudación del sistema.