La medidas de ajuste en el sector público con recortes de plantilla y tasas prácticamente nulas de reposición en la mayoría de departamentos han provocado un envejecimiento del personal al servicio de la Administración en España, así como un aumento de los contratos temporales. Así de desprende de un estudio sobre empleo público realizado por la escuela de negocios Esade y editado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en el que consta que el 63% de los empleados públicos españoles tienen más de 50 años, y además, que, con datos del 2014, el número de empleados de más de 60 años superó al de menores de 30 y además este diferencial tiende al alza.

En la presentación del informe, en la que han intervenido el ministo de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del IEE, José Luis Feito, y el profesor de Esade Francisco Longo, uno de los autores, este ha considerado que el envejecimiento de la plantilla pública es una amenaza porque implicará “descapitalizar” a corto plazo el empleo público, con jubilaciones masivas a medio plazo, pero también supone una “oportunidad” porque esta salida de personal en los próximos años podría aprovecharse para cualificar el empleo público, “dotándolo de más inteligencia y menos trámite”.

En este sentido, Catalá ha reiterado este miércoles que si finalmente se pueden aprobar los Presupuestos del Estado del 2017 la intención del Gobierno es acabar con las fuertes restricciones vigentes en la contratación de empleados públicos y poner en marcha una “intensa” oferta de empleo público en los próximos años para potenciar la transformación de los temporales en fijos y sustituir las bajas derivadas de jubilaciones.

El volumen de empleo público directo en España, según el estudio, representa un 17% de la población empleada y está cinco puntos por debajo de la media de la OCDE (21%). La cifra de casi tres millones de empleados públicos no parece excesiva, vista la comparación, pero en cambio los autores destacan que hay un problema de “carencia de flexibilidad y tecnificación y adecuación de competencias” para responder a las nuevas necesidades de la acción pública.

Durante los primeros años de la recesión, el empleo público aumentó, pero entre el 2011 y el 2014 se destruyeron más de 300.000 empleos públicos, la mayoría temporales y ocupados por jóvenes. No obstante, cuando la economía española empezó a crecer de nuevo, el empleo público retomó su senda creciente, de forma que a cierre del 2015, el nivel de empleados públicos en España era similar al que había antes de la crisis, en 2008, en contraste con lo ocurrido en el sector privado, que perdió 3,2 millones de puestos de trabajo en la crisis.

En total, al finalizar el tercer trimestre de 2016 había 3,3 millones de empleados públicos, de los que más de la mitad se concentran en las comunidades autónomas (en 1986 sólo aglutinaban al 6% de los empleados públicos), lo que se corresponde con el traspaso de competencias a las autonomías. De hecho, docencia y sanidad ocupan un 78% de los empleados públicos de la autonomías y precisamente estos dos sectores han sido lo más afectados por los recortes y se mantienen aún en niveles inferiores a los del 2008.

Respecto al aumento de la temporalidad, se ha detectado “una provisionalidad no querida ni exigida por el servicio público, sino más bien basada en requerimientos de la política presupuestaria”, es decir sin que responda a un plan de mejora y de flexibilidad de ala Administración, sino de cubrir las necesidades mínimas.

En el informe se denuncia que el sector público español no dispone de un régimen de directivos públicos profesionales y apuesta por establecer un régimen para ellos, sobre todo porque ello ayudaría a evitar la “colonización política en determinados cargos”, supeditados al ciclo político del momento. En este sentido, el ministro Catalá ha reconocido que la creación de un Estatuto del Directivo Público es una “asignatura pendiente”.