Hasta seis partidos políticos presentes en el Congreso -incluyendo al PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Convergència (CDC) y Unió (UDC)- reclaman con sus enmiendas a los Presupuestos de 2016 un incremento de las pensiones mayor al previsto por el Gobierno, que se sitúa en el mínimo estipulado por la ley del 0,25%.

Según las enmiendas parciales, que recoge Europa Press, los socialistas proponen que el incremento de las nóminas de los jubilados sea al menos del 2% para las mínimas y del 1% para el resto, “en coherencia” con la previsión de inflación y para que puedan recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Ese mismo porcentaje es el que plantea Geroa Bai en sus propuestas, de modo que la revisión de las pensiones se “equipare” a la subida salarial de los funcionarios. La formación pide además “mejorar las condiciones de acceso a la jubilación del régimen de clases pasivas de la función pública en Navarra”.

También el BNG cree que el 1% de revalorización sería lo adecuado para 2016, en línea con el IPC previsto por el propio Ejercicio. El Bloque propone asimismo que al final del año que viene se revisen automáticamente las cuantías en función de la inflación que se registre finalmente.

SEGUN EL NIVEL DE LA PENSION

UPyD, por su parte, hace una propuesta más detallada con el objetivo de que el incremento de las pensiones sea progresivo en función de la cuantía que ya están recibiendo los jubilados.

En concreto, para el año que viene propone una subida del 1,5% para aquéllas de hasta 900 euros mensuales, del 1% para las que van de 901 a 1.500 euros mensuales y del 0,25% previsto en la normativa vigente para el resto.

Mientras, la Izquierda Plural exige directamente la derogación del índice de revalorización aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a finales de 2013, que fija un suelo del 0,25% y un techo del IPC más 0,5%, vinculando el porcentaje de revisión a los ingresos y gastos del sistema público de pensiones.

Para la coalición es necesario volver a un mecanismo que tenga en cuenta el IPC previsto para cada ejercicio y que actualice cualquier desviación con respecto a las previsiones con carácter anual.

Además, propone que desde el próximo 1 de enero las pensiones de viudedad equivalgan al 54% de la base reguladora, y entra con sus enmiendas en el debate sobre las fuentes de financiación de la Seguridad Social al plantear que los Presupuestos doten anualmente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con un 10% de las pensiones de muerte supervivencia (viudedad, orfandad, etc.), incrementándose ese porcentaje un 10% anual para que en una década estas pensiones sean financiadas completamente vía impuestos

VOLVER AL SISTEMA ANTERIOR

También los nacionalistas catalanes de CDC y UDC reclaman en una enmienda conjunta regresar al sistema de revalorización automático en función del IPC que existía hasta 2014, cuando entró en vigor el nuevo índice de revalorización, que ambas formaciones no consideran “adecuado” ni suficientemente respaldado. Para 2016, piden que la revalorización llegue al 0,5%, el doble de lo previsto por el Gobierno.

Asimismo, reclaman que no se aplace un año más la adecuación y modernización de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años cuando ése sea su principal ingreso, una revisión recomendada por el Pacto de Toledo y a la que el Gobierno está obligado desde la entrada en vigor de la reforma de la Seguridad Social que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

Además, Convergència y Unió quieren que los Presupuestos obliguen al Ejecutivo a regular un mecanismo “corrector” que permita una “mayor progresividad” en la tributación en el IRPF hasta un importe equivalente a la pensión mínima de viudedad, en el caso de pensiones de viudedad que se acumulen exclusivamente con rentas procedentes del trabajo u otras pensiones.