A finales del pasado mes de enero el Tribunal Constitucional dio la razón a una persona que reclamaba su derecho a ser atendida en un centro con este tipo de apoyos específicos, entendiendo que se vulneraba el principio de igualdad ante la Ley y la necesidad de garantizar ajustes razonables ante este tipo de situaciones.

En los diferentes desarrollos reglamentarios de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, numerosas administraciones autonómicas han establecido una limitación de edad en el acceso de personas con discapacidad a plazas de atención especializada. Sin embargo, a principios de este año, el Tribunal Constitucional estableció que estos desarrollos reglamentarios y su aplicación constituían una discriminación, y vulneraban el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Lo hacía ante la demanda de una persona con discapacidad intelectual mayor de 60 años que había sido derivada por la Comunidad de Madrid a un centro de la tercera edad, y que reclamaba un centro con apoyos específicos a su discapacidad (Sentencia 3/2018, de 22 de enero de 2018).

De esa manera, el 23 de julio y durante la reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad, la organización de referencia de la discapacidad intelectual en España, Plena inclusión, insistió en apelar a esta sentencia del Constitucional y al artículo 14 de la Constitución, con el fin de acabar con esta discriminación por razón de edad.

Su idea es solicitar a este Consejo que eleve la exigencia al Consejo Territorial, con el fin de que en su próxima reunión el 26 de julio, todas las Comunidades Autónomas adopten un acuerdo para que sus desarrollos legislativos contemplen que la atención a la dependencia sea personalizada, y que la intensidad de los servicios se ajuste a las necesidades de las personas en situación de dependencia, incorporando los ajustes necesarios, e imposibilitando que puedan establecerse restricciones a los servicios de atención especializada por criterios como la edad.

De este modo, Plena inclusión ha mostrado de nuevo una preocupación incesante de algunas de sus federaciones autonómicas, que en los últimos años han detectado múltiples casos en los que se ha derivado a personas dependientes con discapacidad intelectual a centros de mayores, que no disponen de apoyos necesarios para atender su discapacidad.