El IVA a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10% mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tribute el 4%
Con el objetivo de acabar con falta de equidad que sufren las personas mayores dependientes que, a falta de plaza o servicio publico o concertado, tienen que pagar un IVA mayor (10%) por las plazas y servicios residenciales privados, CEAPs, Circulo Empresarial de Atención a las Personas, y todas las patronales integradas en ella, junto a otras entidades representativas del sector y agentes sociales y económicos entre las que se encuentra UDP, Aesfas o, el Consejo Aragones de las Personas Mayores COAPEMA, Ilunion o la Fundación Edad &Vida , hemos iniciado una campaña, destinada a los poderes públicos, las administraciones y la opinión pública, en la que instamos a la equiparación del tipo de IVA que pagan las personas mayores y los dependientes.
Actualmente existe un tipo diferente para un mismo servicio o asistencia profesional (ya sea plaza residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia u otros) en función de la naturaleza pública/concertada o privada de la plaza o servicio.
Estamos convencidos que es una cuestión de justicia social, que las personas mayores y los dependientes paguen los mismos impuestos por el mismo servicio.
De esa manera las entidades firmantes del Manifiesto «Por la equiparación del IVA que pagan los mayores en los servicios de atención y a la dependencia» hemos decidido trasladar de manera conjunta a la opinión pública la situación actual de injusticia social que sufren las personas mayores y las personas dependientes en relación al pago del IVA cuando se encuentran en situación de dependencia y necesitan de servicios y prestaciones profesionales.
Actualmente, el IVA que pagan en residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10% mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tributa al 4%.
Exigimos al Gobierno que equipare el IVA que pagan las personas mayores y
dependientes por los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los
públicos o concertados (4%) mediante la inclusión de dicha medida en los próximos
Presupuestos Generales del Estado.
Defendemos un modelo de atención a la dependencia que dé respuesta a las necesidades de las personas y que las
ponga en el centro del sistema y vemos totalmente necesario mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los
más dependientes.
Equiparar el IVA
Pagar los mismos impuestos por los mismos servicios geriátricos,
es una cuestión de justicia social
Por justicia social: Porque no tiene explicación que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona
, tenga una tributación diferente. La medida afectaría positivamente a más de 200.000 mayores de toda España que
actualmente utilizan una plaza residencial privada, a los que hay que sumar los usuarios de otros recursos
asistenciales. Cada usuario ahorraría de media 106 euros mensuales con esta medida, lo que supone una cantidad de
1.279 euros anuales.
Las características de los dependientes en España son que, el 67% son mujeres; el 75% de ellas tienen 80 años o más;
el 97% tienen enfermedades crónicas; y el 67% de personas que residen en una residencia tienen un deterioro
cognitivo severo.
Existen 310.000 dependientes en España cumplen los criterios para recibir una prestación y no la
reciben porque están en lista de espera.
Cada año mueren cerca de 40.000dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho. España se
encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo de la población, la llamada “revolución de la
longevidad”. El número de personas mayores de 85 años o más va a crecer un 155% entre el 2015 y el 2051.
Porque es un derecho universal: El acceso a un servicio profesional es un derecho universal reconocido por la
Ley 39/2006 y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un
servicio privado por ineficacia del sistema público.
La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta
que se otorga un servicio o prestación obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza
privada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto.
La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste.
Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos.
Porque beneficia a los mayores dependientes y a la economía: Frente a la pérdida de poder adquisitivo que supone para muchas personas jubiladas y dependientes, la congelación de las pensiones en el 0,25%, igualar el IVA al 4% sería una contramedida que aliviaría la situación de muchos dependientes. Una reducción del tipo de IVA y, la consiguiente reducción en las cuotas a abonar por los usuarios de más de 1.200 € anuales, conllevará una ocupación plena de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones y se reducirá el número de parados de una forma directa consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo. Una disminución del tipo al 4% no solo respetará el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, sino que mejorará la recaudación del estado en 170 millones de euros y crearía un número elevado de nuevos empleos y de recursos asistenciales. Por cada 2 usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable.
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