El Gobierno busca fórmulas para mejorar la financiación de la Seguridad Social, según admiten fuentes del Ejecutivo. La institución de previsión registra números rojos desde 2011 y la situación no parece mejorar con la recuperación: la afiliación crece a buen ritmo (3,4% hasta junio), pero los ingresos no lo hacen igual (0,77%). Así, el agujero no se cierra y el instituto público recurre al Fondo de Reserva, que a este paso se agotará antes de que llegue el desafío demográfico y financiero de la jubilación del baby boom. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pronosticó el viernes que este es el “gran reto de futuro” de España. Hacienda trasladó a las autonomías la semana pasada su inquietud por el desequilibrio del organismo público.

Hace un par de años la preocupación del Gobierno pasaba por embridar las cuentas de las comunidades autónomas. Ahora el motivo de desvelo está en la salud de la Seguridad Social. El organismo público de previsión encadena déficits desde 2011. Para este año la Autoridad Fiscal (Airef) pronosticó un agujero similar al de 2014, un 1,1% del PIB (más de 11.000 millones) y el incremento de afiliación no basta para cerrar la brecha entre gastos e ingresos.

Las menores bases de cotización y la pujanza del empleo más precario restan potencial de ingresos al incremento de cotizantes. También las tarifas planas para autónomos y para la contratación indefinida, que no se compensan con dinero procedente de impuestos, pesan en las cuentas de la Seguridad Social. Por último, se nota, y mucho, más incluso que la evolución del empleo, la reducción de la cobertura frente al desempleo.

Cuando un trabajador se queda sin trabajo y recibe una prestación, el Servicio Público de Empleo (SEPE) cotiza de acuerdo con sus bases de cotización cuanto estaba ocupado, y si pasa a cobrar un subsidio, el SEPE lo hace por la base mínima. Partiendo de esto, el deterioro de la cobertura contra el paro se ha traducido en menores ingresos para la Seguridad Social. De hecho, si se descuentan estos recursos, los ingresos crecen al 2,2%.

Con este escenario, el Ejecutivo ha tenido que recurrir desde 2012 al Fondo de Reserva y a los excedentes de la gestión de las mutuas pagar las pensiones. En tres años y medio, se han consumido 45.828 millones de ahorro acumulado en la época de bonanza. De seguir así, no faltan pronósticos que prevén un agotamiento de la hucha de las pensiones antes de acabar la década, justo antes de que comience a jubilarse la generación del baby boom. Esto acabará por convertir en un problema estructural y demográfico lo que ahora es coyuntural.

Durante el Consejo de Política Fiscal (CPFF) celebrado el pasado miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expresó su preocupación a los consejeros autonómicos por la salud de las cuentas públicas. Aludió al problema de financiación de la Seguridad Social para defender que no podría conceder más margen presupuestario a las comunidades.

Para afrontar el reto del que hablaba Rajoy el pasado viernes —“la Seguridad Social es el gran reto de futuro”, dijo el presidente—, en el Gobierno llevan meses buscando formas de mejorar la financiación de la Seguridad Social, según fuentes gubernamentales, que admiten que el problema se abordará la próxima legislatura. Rajoy insistió en la importancia de alcanzar los 20 millones de ocupados en la próxima legislatura para elevar el número de cotizantes como una vía para garantizar las pensiones.

Números rojos

Pero hacen falta más soluciones, no solo para garantizar la viabilidad de las pensiones si no también para asegurar unas prestaciones dignas, ya que la nueva fórmula de revalorización anual hace depender, con límites, su actualización anual a la evolución de los ingresos y los gastos. Por tanto, si los números rojos se perpetúan, también lo puede hacer la pérdida de poder adquisitivo.

Este riesgo ya ha sido advertido desde varias tribunas. Y entre las soluciones propuestas hay varias. Algunos expertos propusieron, en la última reforma de pensiones, la que creó el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad —que desde 2019 hará depender la pensión inicial, de la esperanza de vida—, que el Estado pague con impuestos las prestaciones de viudedad y orfandad (22.000 millones). Otra alternativa pasaría por usar parte de la recaudación de impuestos indirectos, como el IVA, a financiar pensiones, algo parecido a lo que ya ocurre en Francia.