Presidida por el Consejero de Política Social y Empleo, Angel Toña, con presencia de los parlamentarios de tres partidos políticos que trabajaron en la ponencia de la Ley y los diputados de política social de los territorios, se ha presentado la LEY 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi..

También estuvo presente la Fundación EDE con el redactor del proyecto Rafael López Aróstegui que explico su contenido. Esta normativa supone una confirmación de la redes del tercer sector, siendo la primera comunidad autónoma española que tiene una ley reguladora.

La red de redes del tercer sector preside la mesa de dialogo civil (órgano de cogobernanza) con el gobierno. Este órgano se instaurara también en los tres territorios provinciales.  Como datos generales existen 3.600 asociaciones sociales, siendo el 52% de voluntariado. Es un reconocimiento la labor  y aportación publico-privada al estado de bienestar , en temas de responsabilidad publica de las asociaciones sociales que tienen un vinculo estable con el territorio y sus destinatarios. Tiene carácter privado y son sin ánimo de lucro. Entre las 14 redes se encuentra Federpen, asociación de personas mayores adherida a UDP, con 125.000 asociados.

Su actividad tiene un impacto en la economía vasca del 2% del PIB. La ley establece un marco legal para regular la relación de estas organizaciones con la administración y también con otras empresas del sector, un aspecto que ya se perfilaba en la Ley de Servicios Sociales de 2008, pero que ahora se concentra en una normativa específica.

La ley que unifica en una misma norma el funcionamiento y los principios de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el Tercer Sector Social, que ven reforzada su relación con las administraciones públicas a la hora de diseñar las políticas sociales.

El grueso de la Ley ha sido respaldado por todos los grupos, excepto por EH Bildu, que se abstuvo, al considerar que se ha “perdido una oportunidad” para regular algunos aspectos esenciales del sector, y ha lamentado que en la ley no se garanticen los recursos y la financiación suficientes para estas organizaciones ni las condiciones laborales de los trabajadores.

También la coalición abertzale echa de menos en la normativa una exigencia para que se garantice la utilización del euskera en estas organizaciones. La norma prevé que en seis meses se elabore un censo de organizaciones y en un año una estrategia de promoción del Tercer Sector.

Ángel Toña, ha explicado que el objetivo de la ley es otorgar un reconocimiento explícito a este sector y desligarlo de otros como del cultural o deportivo. Tras señalar que el texto cuenta con el visto bueno de las organizaciones, Toña ha explicado que sin este sector los servicios sociales vascos “no serían iguales” y ha subrayado que su labor es determinante para configurar una sociedad vasca “más justa, cohesionada y solidaria”.

Entre otros puntos, la ley prevé la participación activa del Tercer Sector en los procesos normativos y el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales públicas. Regula los instrumentos de diálogo y colaboración de estas asociaciones con el sector público vasco y otros agentes. Asimismo establece una serie de obligaciones para las organizaciones que cooperen con las administraciones públicas con la finalidad de asegurar una gestión “ética y transparente”.

La ley ha recibido aportaciones de ciudadanos a través de la web Irekia, así como del Consejo Vasco de Servicios Sociales, la Mesa de Diálogo Civil, el Consejo Económico y Social, el Consejo Vasco del Voluntariado, las diputaciones forales, Eudel y el Ararteko, entre otros agentes.