Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana firmaron hoy una convención de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los derechos de los mayores de 60 años, primer instrumento jurídicamente vinculante sobre la materia y con el que esperan sentar un precedente mundial.

La llamada Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se firmó en un acto formal durante la 45ª Asamblea General de la OEA, que se celebra hoy y mañana en Washington.

“Este es el primer instrumento jurídicamente vinculante que trata el tema de protección de los derechos humanos de las personas mayores en el mundo. Es el nuevo estándar interamericano y sienta un precedente mundial”, dijo a los periodistas el presidente del grupo de trabajo que ha impulsado el documento, el panameño Iván Chanis.

El convenio está abierto a la firma de los 34 Estados miembros de la OEA y fue redactado en tres años, un tiempo récord si se compara con otros instrumentos jurídicos de la organización.

Los principales impulsores del texto fueron Argentina, Panamá, Brasil, Uruguay y El Salvador, con la ayuda de varios países del Caribe.

Su objetivo es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, según el texto.

En caso de que los derechos mencionados en la convención no estén reflejados en los sistemas legislativos o jurídicos nacionales, los Estados parte de la misma se comprometen a “adoptar las medidas legislativas o de otro carácter” necesarias para garantizarlos.

“Con esta convención se suman nuevas responsabilidades para la OEA en la protección de los derechos humanos de las personas mayores”, dijo el secretario general del organismo, Luis Almagro, durante la firma del nuevo instrumento.

La convención entiende por “persona mayor” a aquella “de 60 años o más, salvo que la ley interna” del país en cuestión “determine una edad base menor o mayor”, siempre que ésta no supere los 65 años.

El aumento de la población mayor en América y la sensación de que está cada vez más desprotegida motivaron la redacción de un documento sobre el colectivo, una idea que según sus impulsores se ha estudiado también en el seno de Naciones Unidas, pero que de momento no ha reunido el consenso necesario.

Los derechos protegidos por esta convención son la igualdad y la no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y la autonomía, el derecho a la participación y la integración comunitaria y el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.

También están contemplados el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, a la libertad personal y a la libertad de expresión, entre otros.

Asimismo, se protege el derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación, el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura y a la recreación, a la propiedad y a la vivienda.

El texto también establece el igual reconocimiento ante la ley de las personas mayores, su derecho al acceso a la justicia, los derechos políticos y el derecho de reunión y asociación.

La convención entrará en vigor treinta días después de que los Parlamentos de dos países del continente lo hayan ratificado.

A partir de entonces, el documento servirá para guiar las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH y CorteIDH, respectivamente), vinculadas a la OEA.