Según publica La Vanguardia, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso ha aprobado el proyecto de ley del tercer sector con los votos favorables del PP y UPyD, los votos en contra de la Izquierda Plural, CiU, PNV y ERC y la abstención del PSOE, tras incorporar diez enmiendas de carácter técnico del grupo socialista.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales también ha aprobado el proyecto de ley del voluntariado con los votos favorables del PP y UPyD, los votos en contra de CiU, PNV y ERC y la abstención del PSOE y la Izquierda Plural, con veintinueve enmiendas de los distintos grupos.

La nueva legislación prevé que las entidades de voluntariado puedan desarrollar programas solidarios en los que se contemple la reinserción de personas con antecedentes penales no caducados.

También se ha reconocido a través de las enmiendas que el voluntariado no puede suponer amortización o sustitución de puestos de trabajo.

Durante el debate, varios grupos de la oposición aludieron a la decisión del Tribunal Supremo de anular el real decreto de 2013 que regula las subvenciones a organizaciones del tercer sector, como ONG y otras entidades privadas de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés general, porque invade competencias de las comunidades autónomas.

Guaita ha señalado que la ley del tercer sector no pretende establecer un régimen propio de subvenciones para las ONG y ha asegurado que le consta que el Gobierno está buscando la solución para que este año puedan llegar las ayudas.

Vázquez ha opinado que “los grupos nacionalistas solo están preocupados de ver cómo reparten el pastel y no de ayudar a las entidades del tercer sector”, al tiempo que les ha acusado de querer manejar el dinero y “pelearse” por quién da la subvención.

Ha indicado que si la sentencia del Tribunal Supremo afecta a las subvenciones que hay que dar a las comunidades autónomas, se modificará la ley de subvenciones, pero no la del tercer sector.

Los parlamentarios Carles Campuzano (CiU), Isabel Sánchez Robles (PNV) y Joan Tardá (ERC) han rechazado las iniciativas del Gobierno por considerar que invaden competencias autonómicas y tienen una vocación recentralizadora.

A estos argumentos se ha unido Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural, quien ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de dar un enfoque global a la realidad del tercer sector.

El diputado de UPyD Julio Llenoart ha respaldado estas dos leyes “esperadas y deseadas”, a pesar de que no prevén la creación de un Observatorio del Tercer Sector o la posibilidad de que estas entidades dispongan de un régimen propio de financiación.

Desde el PSOE, María Soledad Pérez Domínguez y María Guadalupe Martín han justificado su abstención porque los dos textos no responden a los objetivos fijados en su programa electoral.