El PSOE propone en su programa electoral que todos los parados recuperen la cobertura siempre que tengan responsabilidades familiares, aunque este requisito no será imprescindible para los que tengan más de 45 años, para las mujeres víctimas de violencia de género y para los discapacitados. La duración de estas prestaciones no podrá extenderse más allá de los dos años, salvo que el desempleado tenga más de 52. En este supuesto, podrá cobrar el paro hasta que encuentre trabajo o bien llegue a la edad de jubilación y comience a cobrar la pensión.

La renta a ingresar se calculará en este caso de forma individual y sin tener en cuenta la composición familiar. El programa no evalúa el coste de esta medida ni se acompaña tampoco de memoria económica, al menos de momento. En cierta forma, la oferta propone recuperar parte de la regulación anterior a 2012, fecha hasta la que los desempleados con esta edad podían disfrutar de una ayuda de 426 euros mensuales. Una reforma posterior subió esta edad a los 55 años. Según datos de la EPA del último trimestre, casi el 18% de los parados supera esta frontera.

El PSOE se compromete también si llega al Gobierno a dar una atención “única e integral” a cada parado y a cambiar el nombre del servicio público de empleo, que pasará a llamarse Agencia Pública de Empleo.

La oferta electoral propone la supresión de todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a los discapacitados y mujeres víctimas de violencia de género. Estos recursos se destinarán a la formación, sobre todo a parados mayores de 45 años y de larga duración. 700.000 jóvenes se beneficiarían también de programas de formación básica dirigidos a los que no han acabado la educación secundaria.

En el programa se reducen a solo tres las modalidades de contratación: el contrato de trabajo indefinido, el temporal y el de relevo y formación. “No podrán cubrirse puestos de trabajo permanentes con contratos temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de un año, aunque la negociación colectiva podrá extenderlo hasta dos”, se lee en la oferta electoral. Cada sector de actividad, deberá determinar las tasas máximas de temporalidad, incluidas las administraciones públicas.