Las asociaciones y los movimientos sociales de la discapacidad muestran su rechazo a la directriz de la Junta Electoral que discrimina a las personas con discapacidad.

  • La JEC permitirá a interventores o apoderados apuntar en las mesas electorales el DNI de las personas con discapacidad que consideren que no ejercen su derecho de forma consciente, libre y voluntaria.

De acuerdo con lo publicado en varios medios de comunicación, la Junta Electoral Central JEC, el órgano superior de la administración electoral permitirá en las próximas elecciones, a interventores y apoderados de los partidos políticos apuntar, en el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad que entiendan que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.

Así se recoge en la instrucción  5/2019, de la Junta Electoral Central, de 11 de marzo de 2019, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

 Plena inclusión España, la confederación que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, denuncia por discriminatoria la directriz de la Junta Electoral Central (JEC) que se ha conocido esta mañana y que afecta a las personas con discapacidad.

Desde Plena inclusión se califica como arbitraria una decisión que vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, “puesto que permite sospechar a interventores y apoderados sobre la manipulación de la voluntad de las personas con discapacidad en la decisión de votar, pero no del resto de los votantes”.

Los partidos podrán señalar a las personas con discapacidad cuyo voto cuestionen

Según explica la JEC  en el documento»en el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte».

“No podemos aceptar directrices que generan sombra de dudas y son claramente discriminatorias sobre un grupo de electores por razón de discapacidad. El espíritu de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es velar por el voto libre y consciente de cualquier persona y no de ningún colectivo. Directrices como esta emergen el estigma y la discriminación que sigue operando en nuestra sociedad”, asegura Enrique Galván, director de Plena inclusión España.

De esa manera, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), también ha exigido a la Junta Electoral Central a que anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad.
Desde CERMI recalcan que dicha instrucción, ha sido elaborada y aprobada sin la participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad. Para el Comité, entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones.
Consideran que la decisión de la Junta está cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado contra las personas con discapacidad, señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera.
CERMI se ha dirigido a la Junta Electoral Central a través de su presidente pidiendo la revisión urgente de la instrucción para corregir esta interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral.

Desde esta confederación, que trabaja en todo el Estado con un colectivo cercano a las 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se exige a la Junta Electoral Central que explicite los motivos que le han llevado a lanzar esta directriz, “ya que supone un retroceso respecto al gran logro conseguido, en octubre de 2018, con la reforma de la Ley Electoral”.

Gracias a dicha reforma, 100.000 personas con discapacidad podrán votar por primera vez en los comicios del próximo 28 de abril.

El Simulacro Electoral del 24F

El pasado 24 de febrero, Plena Inclusión, en colaboración con la Comunidad de Madrid realizó un simulacro electoral con el fin de que las personas con discapacidad que han recuperado el ejercicio de su derecho al voto, pudieran realizar un ejercicio práctico antes de las citas electorales de abril y mayo.

 

Fuentes: Plena Inclusión, Cermi  y la Junta Electral General.