“Cada vez me pasa más, como juez de guardia, encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos, en avanzado estado de descomposición”… Con estas palabras Joaquim Bosch Gru, magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, comenzaba el  viral mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado martes 19 de diciembre, del que se ha hecho eco gran parte de la sociedad y medios de comunicación españoles.

Un mensaje  compartido por más de 17.000 personas y con más de 15.000 “me gustas” y que pone de nuevo sobre la mesa un tema especialmente sensible por la vulnerabilidad de las personas de más edad que se ven abocadas a una soledad no deseada. El abuso y el maltrato a las Personas Mayores sigue siendo un tema tabú e invisible en nuestra sociedad. El abandono y la soledad, también son otras formas de maltrato.

“No sé si está fallando la intervención social o los lazos familiares. Pero indica el tipo de sociedad hacia el que nos dirigimos”, continúa explicando Joaquim Bosch en su mensaje. Al hilo del mensaje publicado por Bosch en la red social del cual se han hecho eco medios de comunicación, se ha abierto un interesante debate de más de 900 comentarios.

 

Desde UDP creemos necesario plantearnos una pregunta: ¿Las instituciones estatales están aportando los suficientes mecanismos para proteger a las personas más vulnerables frente al abandono?

Hemos denunciado el abandono por las familias pero también instamos a que las administraciones pongan todos los medios posibles para evitar que las personas más vulnerables se vean abocadas a una soledad no deseada.

El nuevo modelo de reparto del 0,7% del IRPF

A día de hoy, el nuevo modelo de reparto del 0,7% del IRPF para fines sociales, motivado por una sentencia del Tribunal Constitucional,  ha supuesto un verdadero desastre para muchos de los proyectos desarrollados por UDP enfocados a hacer frente al abandono y la soledad de las personas más vulnerables. Pero también se han visto afectadas otras asociaciones de ámbito estatal que venían desarrollando programas sociales, provocando, además de alteraciones graves en el funcionamiento de dichas asociaciones, algo mucho más importante: el abandono de las ayudas a muchos usuarios y la pérdida de puestos de trabajo.

El nuevo modelo, ha supuesto dejar sin recursos a las entidades sociales que han puesto de manifiesto el “descontento generalizado” con respecto a la nueva resolución del IRPF a nivel estatal. Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, manifestó en unas recientes declaraciones que “la resolución estatal lesiona la armonía interna del sector y resta opciones para hacer del sistema un instrumento a disposición del Gobierno para hacer política de Estado”   

El derecho a recibir prestaciones o servicios, en lista de espera

¿Es accesible a todas las personas dependientes los servicios de Teleasistencia, de ayuda a domicilio, cuidados personales, centros de día y residencias?

Actualmente 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”, alerta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, en su informe de seguimiento del Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y  Atención a la Dependencia.

De esa manera, la asociación estima que casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 124.600. El informe además, pone de manifiesto que en lo que va de año ha aumentado en más de cuatro mil la desatención de los Dependientes más vulnerables (Grandes Dependientes y Dependientes Severos).

Pero la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.